Al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, Javier Milei finalmente firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. En el Boletín Oficial será publicado el decreto que estableció el veto en medianoche del domingo al lunes próximos.
La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.
De acuerdo con que lo pudo saber Infobae, en el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
(/ Comunicacion Senado./)
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes, estimó el gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron a este medio. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.
Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.
Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.
Uno de los apartados que fue puesto bajo la lupa se trató del artículo N°3, en el que se plasmó la intención de otorgar un aumento adicional correspondiente al desfasaje que habría ocurrido en enero de este año por el índice de inflación registrado. El mismo despertó una fuerte negativa, puesto que recordaron que las variaciones económicas fueron compensadas en el cálculo de movilidad que se realizó en junio.
Otro de los errores técnicos que llevaron a que el Gobierno rechazara la iniciativa fue la decisión de tomar a la Canastas Básica Total (CBT) como indicador clave para calcular las actualizaciones. Principalmente, porque el INDEC elabora el índice a partir de las necesidades que presentaría un hombre de entre 30 y 60 años, cuando las jubilaciones son percibidas por hombres y mujeres de 60 años en adelante.
Desde el Gobierno reconocieron que entre 2020 y 2023 los haberes de los jubilados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 45% como consecuencia de la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria que se puso en funcionamiento en 2020. Sin embargo, sostuvieron que la movilidad jubilatoria promulgada en el Decreto N° 274/2024 debía seguir en pie, debido a que era una medida capaz de asegurar que los jubilados no volverán a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
Luego de que la fórmula de movilidad jubilatoria fuera aprobada por el Congreso de la Nación, el oficialismo se concentró en aceitar la relación con los diputados aliados al Gobierno, entre ellos, integrantes del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Una semana más tarde de que el proyecto fuera sancionado, el Presidente convocó a una mesa chica para explicar la importancia de que la medida no fuera promulgada. También estuvieron presentes sus funcionarios de mayor confianza.
A pesar de que los legisladores del PRO habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones, en esta oportunidad, sus representantes se comprometieron a apoyar la decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, plantearon la necesidad de que su espacio comience a trabajar junto a La Libertad Avanza (LLA) para reforzar la postura del oficialismo.
“Sesiones como estas, debilitan al gobierno ya que no poseen las mayorías parlamentarias, la oposición termina poniendo sesiones cuando quieren y sacando las leyes que ellos quieren”, advirtieron los aliados al plantear que será necesario incluir a los gobernadores e intendentes del PRO a la mesa. Y enfatizaron que la cooperación entre los espacios será clave “para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
En el caso de que la alianza prospere en el ámbito legislativo, el Gobierno ganaría mayor terreno en ambas cámaras e impediría que la iniciativa reciba los votos necesarios en su regreso y revisión en la Cámara Baja. Así lo pronosticó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al asegurarle a la prensa que “con la presencia nuestra no van a llegar a los dos tercios”. Un acuerdo que provocaría un efecto dominó en los futuros proyectos que pudieran impulsar desde la oposición.
