En un caso que destaca la importancia de los derechos laborales y la protección social, un trabajador con insuficiencia renal en fase terminal ha obtenido una victoria judicial significativa.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había negado inicialmente la pensión por invalidez solicitada por el trabajador, quien demostraba con peritajes médicos estar imposibilitado para continuar desempeñándose como despachador de gasolina debido a su estado de salud crítico.
A pesar de estas pruebas, el IMSS argumentó que la solicitud de pensión debía ser rechazada porque el trabajador seguía laborando al momento de la petición.
El Juez de Distrito Javier Pérez Santamaría, adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo, revirtió esta decisión y ordenó al IMSS conceder la pensión por invalidez permanente al trabajador.
El fallo también condenó al IMSS a pagar la pensión de forma retroactiva desde 2021. El juez argumentó que, conforme al principio de realidad, el trabajador, a pesar de estar en una fase terminal de insuficiencia renal crónica, necesitaba continuar trabajando para subsistir, ya que carecía de recursos económicos suficientes para él y su esposa.
Padecimiento degenerativo, factor para el juez
El estado de salud del trabajador, caracterizado por un padecimiento degenerativo que se deteriora día a día, fue un factor clave en la decisión del juez. Se concluyó que su condición física no era susceptible de mejora, lo que lo imposibilitaba para realizar las actividades necesarias en su empleo. En consecuencia, el juez otorgó la pensión solicitada y ordenó al IMSS proporcionar una pensión adicional por asignación familiar a su esposa, así como ayuda asistencial y cualquier otra prestación en dinero que pudiera corresponder.
Este caso establece un criterio jurídico importante: el hecho de que un trabajador con una condición de salud altamente deteriorada siga laborando no es razón suficiente para negarle una pensión de invalidez. El juez Pérez Santamaría subrayó que la necesidad de trabajar para sobrevivir no debe ser un impedimento para que los trabajadores con condiciones de salud graves reciban el apoyo necesario para vivir dignamente.
El Procedimiento Laboral 426/2021 ha generado un precedente que podría influir en futuras decisiones judiciales y administrativas relacionadas con la concesión de pensiones por invalidez.
La sentencia no solo reivindica los derechos del trabajador afectado, sino que también envía un mensaje claro sobre la responsabilidad del IMSS y otras instituciones en proteger a los trabajadores más vulnerables, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades terminales. Para conocer la sentencia completa entra a la siguiente liga.
