Junts y ERC, aliados de investidura del PSOE, han arremetido este martes en el Congreso contra el Tribunal de Cuentas por el informe que hizo en 2019 censurando el gasto en diplomacia de la Generalitat independentista, acusando a la institución fiscalizadora de tener un “sesgo político” y de ser usada como un “tribunal de la Inquisición”. En cambio, el PP ha defendido el informe y lo que ha lamentado es que todo lo que se denunciaba vaya a ser borrado con la Ley de Amnistía.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha explicado este martes a los parlamentarios el informe de fiscalización sobre las denominadas ’embajadas’ catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) entre los años de 2011 y 2017, que fue aprobado por la institución fiscalizadora hace ya cinco años, pero que, por los retrasos acumulados de la Comisión Mixta, no se ha presentado hasta ahora.
A lo largo de casi 500 páginas y 180 conclusiones, el informe acabó dando por sentado que buena parte de esos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado. De hecho, el Diplocat fue liquidado por el gobierno central tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
MÁS DE 400 MILLONES
El texto final del informe reveló que el presupuesto total de la Generalitat destinado a la acción exterior entre 2011 y 2017 fue de al menos 416,84 millones de euros, ya que en esa cantidad no figuran otros gastos de personal de la Secretaría de Acción Exterior y de la UE del Departamento de la Presidencia del periodo que va entre 2011 y 2015.
El gasto total de las delegaciones catalanas en el extranjero durante el periodo fiscalizado ascendió al menos a 27,21 millones a actividades de las delegaciones catalanas en el extranjero –sin incluir gastos por seguros sociales–.
Eso sí, el informe del órgano fiscalizador constata que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto ya que las llamadas ’embajadas’ gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.
FIANZAS MILLONARIAS
Aquel examen, realizado por el anterior equipo de la institución fiscalizadora, provocó una denuncia de la fiscalía y una investigación judicial que acabó con reclamaciones de más de cinco millones de euros a buena parte de los dirigentes de aquel gobierno independentista de Carles Puigdemont.
Para el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ese informe fue un ejemplo de “persecución política” porque “contra Cataluña todo vale”, y ha asegurado que algunos quisieron usar al tribunal “como si fuese un Tribunal de la Santa Inquisición”. “Y quien dice de la Santa Inquisición podríamos decir de la Sacrosanta Unidad de España”, ha remachado.
También ha criticado el informe el portavoz de ERC, el senador Joan Josep Queralt, quien ve “sesgo político” en el trabajo del tribunal y se ha declarado “dolorosamente harto” de que instituciones distintas del Tribunal Constitucional digan lo que es ilegal o inconstitucional. “Les pido un poco de contención y que reflexionen y que hagan un poquito examen de conciencia”, ha aconsejado.
“TODO POR UN SILLÓN: QUÉ VERGÜENZA”
Por contra, Santiago Rodríguez, del PP, sostiene que el Tribunal de Cuentas certificó el “desvío de fondos públicos en apoyo de las tesis independentistas”, y ha expresado su vergüenza por el hecho de que ahora esas conductas sean amnistiadas por el Gobierno “por siete votos” en el Congreso “y un sillón”. “Qué indignidad”, ha enfatizado
Desde el PSOE, el senador socialista José Entrena considera que el informe deja claro que la Generalitat dedicó recursos a cuestiones ajenas a su competencia y que ese dinero hubiera encontrado “un mayor acomodo en otras partidas como la educación, la sanidad o las infraestructuras, que bien seguro habrían contribuido a mantener Cataluña como lo que fue, la comunidad autónoma motor de nuestro país”. A su juicio, lo relevante es que en las últimas elecciones catalanas los ciudadanos han apostado por una nueva etapa.
