El nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha instado este viernes a “repensar” el sistema del turno de oficio para garantizar que las retribuciones se ajustan a los servicios prestados, advirtiendo de que “empieza a haber bajas”.
En un encuentro con medios de comunicación, González ha explicado que por primera vez se están registrando bajas en el turno de oficio, si bien ha matizado que no en un número significativo que pueda llegar a poner en peligro el sistema.
La razón, según ha contado, es el creciente sentimiento entre los abogados de que las remuneraciones recibidas no se corresponden con el esfuerzo dedicado, de ahí que haya abogado por “repensar” el sistema pata garantizar su sostenibilidad.
González ve en la futura ley de asistencia jurídica gratuita una oportunidad para ello. No obstante, la Abogacía ha creado una comisión especial, además de la que ya tenía dedicada a la materia, para explorar otros modelos con la mira puesta en Europa.
Por otro lado, ha puesto sobre la mesa otra de las reivindicaciones históricas de la Abogacía, esto es, “pensiones justas” para los mutualistas alternativos al considerar que el actual sistema no respeta la proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones recibidas.
Así, según expone en un comunicado, la Abogacía reclama al Estado “que ofrezca a quienes en el ejercicio de su profesión están cumpliendo con sus obligaciones de previsión social a través de mutualidades el mismo tratamiento que se otorgará cuando se jubilen a quienes lo hacen a través de cualquier otro régimen de cotización bajo el amparo de la Seguridad Social”.
El Consejo recuerda que “nuestra Constitución impone en su artículo 50 que ‘los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad'”. “El mandato no puede ser más nítido”, sostiene.
Añade que, “aunque el Gobierno ya ha asumido la necesidad de abordar la situación para dar cumplimiento a ese mandato, la escasa información que ha proporcionado sitúa su propuesta para solucionar el problema en el ámbito puramente asistencial, limitando la misma a quienes no podrán subsistir sin la ayuda del Estado”.
Por ello, ha reiterado su “más enérgico rechazo” a esta respuesta, reivindicando que “la reclamación pertenece al terreno de los derechos constitucionales”. “Ahí, por mandato legal y por convicción moral, está y estará siempre la posición de quienes representando al conjunto de la profesión queremos contribuir de forma decisiva a la solución del problema”, remacha.
CONCILIACIÓN Y DESCONEXIÓN
González también ha querido destacar la Comisión para el Fomento de la Conciliación, la Desconexión Digital y el Bienestar de la Abogacía, cuyo trabajo se centrará en garantizar la “estabilidad emocional” de los letrados, buscando medidas que puedan aliviar el nivel de estrés al que están sometidos, ya no solo por el continuo flujo de trabajo sino por la imposibilidad de aparcarlo siquiera brevemente debido al cómputo de los plazos legales.
Como novedad, se ha creado un grupo de trabajo para la protección frente a las plataformas digitales. González ha aclarado que no se trata de combatir el libre mercado sino de atacar conductas contrarias a la ley, defendiendo no solo la profesión sino los derechos de los ciudadanos.
