Bangkok, 17 jun (EFE).- Una inusual acumulación de procesos judiciales que se abordan el martes pone en vilo la estabilidad política de Tailandia y amenaza con llevar al país a un nuevo ciclo de volatilidad.
Hasta cuatro casos con importantes repercusiones políticas serán tratados mañana por la justicia tailandesa, con el primer ministro en riesgo de ser inhabilitado, el principal partido opositor amenazado de disolución, la anulación de las actuales elecciones al Senado sobre la mesa y el exmandatario Thaksin Shinawatra acusado de vulnerar la ley que protege a la casa real de Tailandia.
El Tribunal Constitucional es el escenario principal, donde se abordan tres de los procesos, de esta ajetreada jornada.
Un panel de jueces tiene previsto comenzar a deliberar sobre la acusación contra el primer ministro, Srettha Thavisin, por violar un código ético ministerial al nombrar como ministro de Finanzas a Pichit Chuenban, quien fue condenado en 2008 a seis meses de prisión por un delito de intento de soborno a funcionarios judiciales.
Srettha y un grupo de 40 senadores, quienes interpusieron la denuncia en abril antes de terminar su mandato, están llamados a presentar este lunes una lista de pruebas y testigos para que los magistrados comiencen a analizar el caso, aunque se desconoce cuándo se anunciará su resolución.
Si el tribunal determina que el primer ministro se extralimitó en sus funciones, Srettha afronta una posible inhabilitación política y ello derivaría en la caída del actual Gobierno.
El Constitucional también proseguirá el martes con el proceso que amenaza con desmantelar al principal partido de la oposición y vencedor de las elecciones de mayo de 2023, Avanzar (Move Forward).
Esta formación progresista, que no pudo formar Gobierno por el veto al nombramiento del primer ministro por parte del Senado -vinculado a la extinta junta militar-, está acusada de buscar derrocar la monarquía constitucional al proponer la reforma de la ley de lesa majestad, que protege de toda crítica a la Casa Real del país.
Precisamente, por supuestamente vulnerar esta ley, recogida en el artículo 112 del Código Penal, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, una de las figuras más influyente en la política tailandesa en las últimas décadas, debe comparecer el martes ante la Oficina del Fiscal General para la lectura de cargos formales en su contra.
Thaksin, que regresó el pasado agosto al país tras vivir los últimos 15 años en el autoexilio y es visto como el patrón del partido gubernamental Phue Thai -líder del gobierno de coalición-, se encuentra en libertad condicional y afronta, de ser encontrado culpable por este caso, un castigo de entre 3 y 15 años de prisión.
Según la denuncia, Thaksin acusó al Consejo Privado de la Casa Real de Tailandia, el órgano que asesora al rey, de estar detrás del golpe de Estado militar de 2014 que derrocó al Gobierno de Yingluck Shinawatra, hermana menor de Thaksin, durante una entrevista publicada en 2015 por un medio surcoreano.
En paralelo a esta aglomeración en los tribunales, el país se encuentra inmerso en el proceso para renovar a 200 miembros del Senado en unos comicios donde sólo votan los 46.000 candidatos al puesto y que se celebran de manera escalonada hasta final de mes.
Algunos de los aspirantes ha acudido al Constitucional para que se pronuncie sobre cuatro disposiciones de la ley sobre la que se rigen estos comicios, que incluyen las reglas sobre la presentación de candidatos y detalles sobre el proceso de selección.
Si el tribunal dictamina que estas disposiciones son inconstitucionales, se podrían presentar peticiones para anular los resultados electorales en la Cámara Alta.
