Noelia López y Miriam Mejías.
Madrid, 30 may (EFE).- La ley de amnistía establece que una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se levantarán de inmediato medidas cautelares y órdenes de detención, y los jueces dispondrán de dos meses para aplicarla a cada caso concreto pero los plazos pueden ser más inciertos.
Si se cumple la voluntad de las formaciones que han pactado la ley -PSOE, Junts y ERC-, los jueces suspenderán las medidas cautelares de forma automática. El expresidente catalán Carles Puigemont, por ejemplo, podría regresar a España sin temor a ser detenido, aunque todavía no estuviese amnistiado.
Sin embargo, algunos de los destinatarios de la amnistía desconfían y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto del bloque conservador como del progresista, avisaron de que el proceso puede no ser tan sencillo.
Los jueces que tengan causas del ‘procés’ entre manos, con el Tribunal Supremo a la cabeza, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario, y el proceso en cuestión quedará en suspenso a la espera de respuesta.
Aunque se da por hecho que esas consultas se producirán, suele ser habitual que primero el juez pida informe a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la ley al caso, según explican a EFE fuentes jurídicas.
Para impedir que esas cuestiones retrasaran la aplicación de la amnistía, la propia ley marca que la suspensión de un procedimiento penal no impedirá el alzamiento de las medidas cautelares que restrinjan libertades y derechos fundamentales.
Si hubiera alguien en prisión, tendría que quedar en libertad de forma inmediata, y el juez debería también anular sin demora cualquier orden de detención en vigor, sea nacional, europea o internacional.
El alzamiento de esas órdenes beneficiaría directamente a los dirigentes del ‘procés’ que huyeron de la justicia española en 2017: Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig.
Pero ese alzamiento automático genera debate entre los juristas, como puso de manifiesto el informe emitido por el CGPJ, aprobado por la mayoría de la que dispone el bloque conservador al no haberse renovado el órgano desde hace más de cinco años.
En su voto particular al informe de la mayoría, los vocales progresistas también alertaron de que si un juez plantea una cuestión prejudicial al TJUE antes de resolver sobre el alzamiento de las medidas cautelares, podría operar el efecto suspensivo del proceso.
Es decir, que cualquier decisión quedara a la espera de conocer la decisión del tribunal europea. Que todo siguiese igual.
La ley establece que la aplicación de la amnistía tendrá carácter “preferente y urgente” y, en todo caso, deberá realizarse en un máximo de dos meses, aunque ese plazo quedará en suspenso en los casos en los que el juez eleve la norma al Constitucional o a la justicia europea.
El citado informe del CGPJ, que considera que la norma es inconstitucional y que la amnistía de delitos de terrorismo y malversación podría vulnerar la legislación europea, augura problemas y dificultades en su aplicación.
El Constitucional, donde el plazo medio de resolución es de un año, considera que la amnistía es un asunto prioritario por su calado político, por lo que podría resolver en cuestión de meses.
En el TJUE la duración media de los procedimientos en 2023 fue de 17,2 meses, según su informe anual.
Se abre un escenario “imprevisible”, como ha admitido este mismo jueves uno de los afectados por la ley, el exlíder de la ANC y exsecretario general de JxCat, Jordi Sànchez. EFE
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