La Audiencia Nacional ha acordado dejar en libertad provisional al hombre que fue detenido a principios de este mes en Málaga por presunto tráfico de diamantes de sangre de Sierra Leona entre 1997 y 2002. El juez instructor Francisco de Jorge había acordado prisión sin fianza para él por un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estiman el recurso presentado por el investigado, Manuel Terrén, y por la Fiscalía y acuerdan su libertad con la obligación de designar un domicilio en España donde recibir las notificaciones. También le obligan a facilitar un número de teléfono donde pueda estar localizado.
Los hechos que se le atribuyen a Terrén consisten en su presunta participación en el intercambio de diamantes por armas que se llevó a cabo desde 1997 y hasta 2002, durante la guerra civil de Sierra Leona, y en el que habría negociado con los miembros del bando rebelde, el Frente Revolucionario Unido (FRU).
RÉGIMEN DE ESCLAVITUD
El auto recuerda que los diamantes procedían de las minas de Kono y eran extraídos por personas civiles o por prisioneros, que eran obligados a trabajar en régimen de esclavitud.
Para la Sala, en su decisión de dejarle en libertad pesa que se trata de hechos antiguos, lo que hace que “no resultaría extraño que estuvieran prescritos”. Si bien explica que esa apreciación es prematura, se trata de una inferencia válida a los efectos del mantenimiento o la modificación de una medida “tan drástica” como la de prisión.
A esto, suma que el encausado tiene arraigo en España, carece de antecedentes penales y tiene problemas de salud, algo que disminuye el riesgo de fuga apreciado por el juez de instrucción para acordar su prisión sin fianza. A todo ello se suma, añade la Sala, que no consta que el investigado se haya desvinculado de este procedimiento, sino que, al contrario, ha intentado personarse, sin haberlo conseguido hasta ahora.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
Fue en enero de 2022 cuando el entonces juez instructor de la AN Alejandro Abascal acordó investigar a Terrén por su presunta participación en el comercio de diamantes de sangre en Sierra Leona a raíz de una querella presentada por uno de los trabajadores que se habrían dedicado a la extracción del preciado mineral en Tombodu.
Según se desprendía de la querella, Terrén tuvo un papel “clave” junto a otros empresarios apoyando a través del Grupo Orfund el comercio y la compra de diamantes, permitiendo a las facciones armadas obtener armas y municiones. Los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de delitos de lesa humanidad y organización criminal.
En la misma, el querellante describía que fue obligado a trabajar día y noche junto a otros 300 civiles en condiciones inhumanas para la extracción del mineral. Durante los trabajos, Ngekia presenció la muerte de tres de sus compañeros.
Uno de ellos habría sido asesinado después de que los militares pensaran que iba a escapar. Dos de ellos habrían fallecido de agotamiento. El querellante, además, también tuvo que trabajar en el derribo de un puente para facilitar el trabajo en las minas.
EL PAPEL DEL EXPRESIDENTE DE LIBERIA
El escrito también recordaba y detallaba el papel que el expresidente de Liberia Charles Taylor habría tenido entre 1997 y 2003, y por lo que fue condenado a 50 años de prisión. En concreto, por haber prestado asistencia al Frente Revolucionario Unido (FRU) en sus actividades mineras.
Así, Taylor habría recibido diamantes del grupo armado a cambio de armamento y habría conectado a empresarios con el propio Frente con el propósito de establecer acuerdos para la compraventa de material bélico.
La querella recogía en este punto que la conexión en Liberia –a través de Taylor– con el comercio de diamantes con el FRU fue denunciada no solo por el Tribunal Especial para Sierra Leona, sino también por la Organización de las Naciones Unidas a través de varias resoluciones e informes.
