El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado este martes abrir sumario contra el ciudadano español Manuel Terrén por presunto tráfico de diamantes de sangre de Sierra Leona entre 1997 y 2002 al considerar que los delitos de los que se le acusa no estarían prescritos.
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 recuerda que la causa que instruía se seguía por delitos de lesa humanidad y de pertenencia a organización criminal, presuntamente cometidos en el curso de la guerra civil ocurrida en Sierra Leona entre 1997 y 2002. El magistrado asegura que existen “también motivos para pensar que la comercialización de diamantes procedentes de trabajo esclavo de civiles podría haberse continuado también en 2003”.
“Las responsabilidades penales no estarían prescritas puesto que en el artículo 611 se prevé una pena cuyo máximo alcanza los 15 años. Así mismo, el artículo 131 del Código Penal establece que las penas de 15 o más años de prisión prescriben a los 20 años, por lo que teniendo en cuenta que las presentes diligencias se inician, en virtud de la segunda querella en 2021, no se ha operado la prescripción y por razón de la pena máxima aplicable el procedimiento ha de tramitarse como sumario”, detalla el juez.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estimaron el pasado mes de julio el recurso presentado por Terrén y por la Fiscalía y acordaron su libertad con la obligación de designar un domicilio en España donde recibir las notificaciones. También le obligaron a facilitar un número de teléfono donde pudiera estar localizado.
Los hechos que se le atribuyen a Terrén consisten en su presunta participación en el intercambio de diamantes por armas que se llevó a cabo desde 1997 y hasta 2002, durante la guerra civil de Sierra Leona, y en el que habría negociado con los miembros del bando rebelde, el Frente Revolucionario Unido (FRU).
Cabe recordar que el Juzgado acordó archivar la causa en 2020. En septiembre de 2021, una de las presuntas víctimas de estos trabajos presentó una querella en la que realizaba una “concreción” de los hechos, aportando “documentación al respecto”, lo que llevó a la reapertura de las pesquisas.
