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La Cámara Federal analizará en las próximas horas el planteo que hizo el Ministerio de Capital Humano contra la resolución que le ordenó al Gobierno presentar un cronograma para distribuir de inmediato 5 millones de kilos de alimentos comprados en la gestión de Alberto Fernández. El juez Sebastián Casanello concedió la apelación que presentaron los abogados de la cartera de Sandra Pettovello. Se esperaba ahora el sorteo de la sala del tribunal que analizará la cuestión, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Mientras tanto, en la causa se presentó ACEI, Asociación Coordinadora de Entidades Intermedias, para pedir ser querellantes contra los funcionarios investigados. “La única verdad es la realidad, y la realidad es que desde que asumió la Lic. Sandra Pettovello, denunciada en el marco de las presentes actuaciones el Ministerio de Capital Humano no ha distribuido o bien no ha realizado los desembolsos para la compra de alimentos en los comedores comunitarios vinculados a nuestra Asociación”, dijeron en su escrito.
Se trata de la denuncia que el dirigente social Juan Grabois impulsó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano. El dirigente social ya es querellante. El disparador de la denuncia fue la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
Grabois denunció que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo (Tucumán), se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.
El gobierno reconoció esa situación. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada en conferencia de prensa y el Ministerio de Capital Humano en la causa judicial. La cartera explicó que verificaron irregularidades en la forma de distribución de esa comida que hacía el gobierno de Alberto Fernández y que trabajaban en un mecanismo para mejorarlo.
La fiscal Paloma Ochoa le reclamó el viernes pasado al juez una “medida innovativa”, para ordenarle al Ministerio de Capital Humano que entregue los alimentos retenidos que están demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores, ante la “impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”.
El juez no accedió a ordenarle al Gobierno la inmediata entrega, pero sí lo instó a que en 72 horas presentara el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos. Subrayó que las víctimas no son los comedores sino las personas vulnerables que necesitan la comida. Para el magistrado, “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”.
Sin embargo, el Gobierno apeló. Afirmó que se trataba de una “cuestión política no judiciable” y que es una función del ministerio de Capital Humano decidir sobre la distribución de los alimentos. Asimismo, destacó la “potestad para desarrollar las políticas de alimentos, establecer las prioridades y determinar cuándo deben ser distribuidos y bajo qué circunstancias en función de las Leyes y Convenios Vigentes”. Se habló de “falta de competencia e ilegalidad de la medida ordenada” y “arbitrariedad”. De acuerdo a la postura oficial, el juez “se arroga facultades” que son propias del Ministerio.
Será ahora la Cámara Federal la que deberá evaluar los argumentos del Ministerio de Capital Humano para cuestionar la medida cautelar que resolvió el juez Casanello.
