La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha renunciado a un total de 41 peticiones de información que fueron cuestionadas por los servicios jurídicos de la Cámara, entre ellas una treintena que se refieren a familiares de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como su padre, su madre, su hermano y su pareja, Alberto González Amador.
Según los servicios jurídicos, hasta 31 peticiones de documentación debían suprimirse de la lista aprobada hace dos semanas por la comisión, en la que se recogían propuestas del PSOE y sus socios parlamentarios.
El documento redactado por los letrados, al que tuvo acceso Europa Press, también mencionaba otras once peticiones que, a su juicio, no deberían cursarse por referirse a asuntos ajenos a la investigación, afectar a personas que no son altos cargos o directamente estar mal planteadas.
EL 75% SOBRE AYUSO
Del total de 41 peticiones a las que los letrados pusieron pegas, más del 75% se refieren al entorno de Ayuso y habían sido impulsadas por el PSOE. Se solicitaban bien directamente a la presidenta de la Comunidad, a la institución, a la Agencia Tributaria, a empresas vinculadas a sus familiares, al empresario Enrique Sarasola o al Ayuntamiento de Madrid, entre otros.
En concreto, la comisión ha renunciado hasta a seis peticiones relacionadas con Sismédica SL, una empresa que Ayuso tiene a medias con su hermano Tomás, pero que, según recalcaban los letrados, no guarda “relación con la contratación de material sanitario en pandemia”.
La comisión pretendía recabar los contratos de esta empresa con la CAM, las declaraciones de impuestos por la donación de participaciones que el padre de Ayuso, Leonardo Díaz, le había hecho a ella y sobre las inspecciones fiscales o de Trabajo a las que haya sido sometida la compañía, de la que también solicitaban información sobre sus deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
CONSULTA A AVALMADRID
Los letrados también eran partidarios de frenar, y así se ha hecho, la solicitud a la Comunidad de Madrid sobre el correo electrónico que Ayuso habría enviado a Avalmadrid en 2011 para preguntar por las consecuencias del impago de MC Infortécnica, propiedad de su familia. En este caso argumentaban que “no parece existir vinculación con el objeto de la comisión” y lo mismo aducían para proponer que tampoco se pidiera la escritura de los inmuebles que avalaron el préstamo de esta empresa a Isabel y Tomás Díaz Ayuso.
El listado de solicitudes aprobado por la comisión también incluía inicialmente varias relativas a las empresas a las que está vinculado el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y que los servicios jurídicos apostaban por dejar fuera por no ver relación con los contratos para la compra de material sanitario.
Los letrados tampoco consideraban que ayudase a la investigación que el Congreso accediera a certificaciones del Registro de la Propiedad sobre las propiedades inmobiliarias de la presidenta madrileña, su hermano o su novio, ni que se solicitara al empresario Enrique Sarasola documentación sobre el alquiler, cesión o uso de sus hoteles a Ayuso u otros miembros de su gobierno.
PAGO DEL IBI Y MULTAS DEL NOVIO
El plan de la comisión pasaba por pedir a la propia Ayuso documentos sobre sus relaciones económicas, societarias, de préstamos, donaciones o participación de propiedades en inmuebles que pueda mantener con su pareja o su hermano, mientras que a Alberto González Amador se le iban a requerir los contratos de alquiler de su casa desde 2018 y los que tenga con Babia Capital, empresa que en 2023 compró el ático que hay encima del piso donde vive con Ayuso y del que también disfrutan.
Al Registro de la propiedad se pensaba reclamar un listado de los inmuebles a nombre de esta compañía, sobre la que también se pedían datos al Ayuntamiento de Madrid. Además, la comisión pretendía que el consistorio capitalino le informara de las licencias de obras denegadas o concedidas a Babia Capital, y del pago del impuesto municipal de obras y del IBI por parte tanto de la empresa como de González Amador y hasta de lo que pagó en impuestos de circulación entre 2020 y 2024 y las multas o sanciones que se le impusieran.
Otra de las peticiones que los letrados no veían pertinente y que se ha suprimido versa sobre la documentación relativa a la venta de material de iluminación o de otro tipo que Artesolar Iluminación SA, en la que trabajó el hermano de Ayuso, haya realizado al gobierno madrileño.
COMUNICACIONES DE LA ESPOSA DE BENDODO CON EMPRESAS
Los letrados también pusieron objeciones a sendas peticiones que tenían como destinataria la Junta de Andalucía y que afectaban respectivamente a Isabel Naranjo, esposa de Elías Bendondo, portavoz del PP en la comisión de investigación, y al diputado ‘popular’ Pablo Hispán.
En concreto, se ha acordado excluir la documentación relativa a las comunicación de ambos con empresas a las que se relacionó con el llamado ‘caso de los maletines’ –sobre presunto cobro de mordidas por contratos de material sanitario– que fue archivado. Los letrados no veían oportuno solicitar a la Junta documentación sobre “comunicaciones entre empresa privadas y personas que no son altos cargos ni funcionarios de esa administración”.
En el informe recogido por Europa Press los servicios jurídicos tampoco respaldaban que se pidiera al Ayuntamiento de Fines y (Almería) –por no tener por qué tenerlas– y a “entidades bancarias” –por lo amplio de la petición– los justificantes de transferencias de empresas supuestamente implicadas en la trama de cobro de comisiones por contratos de emergencia de la Diputación de Almería.
También se ha sacado del listado, por no tener vinculación con la investigación, los datos que se iban a pedir al Gobierno Balear y al Consell Insular de Ibiza sobre la contratación por la vía de emergencia de un video de promoción turística.
