La defensa de Mitsouko Henríquez, exsecretaria particular desde 1991 del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha pedido la absolución para su representada al asegurar que no existe prueba de cargo contra ella en Erial. “Con la prueba que hay en la causa y con los documentos intervenidos se demuestra que no ha cometido ningún delito. Su único delito ha sido el haber sido secretaria de Zaplana durante más de 30 años, de los que 20 han sido objeto de investigación”. Así, ha ironizado: “Ser secretaria parece una función de alto riesgo y que conlleva una responsabilidad penal”.
Así lo ha puesto de manifiesto Carmen Gallego, abogada de Henríquez, durante la exposición de su informe en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Zaplana y 11 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Precisamente esta semana fue el fiscal el que abrió los informes y rebajó en dos años la pena solicitada para Zaplana, que pasó de 19 a 17 años al eliminar el delito de falsedad en documento oficial, y retiró la acusación contra tres personas: la exdiputada Elvira Suances, el peluquero Pedro Romero y el empresario Ángel Salas. También dejó la pena para el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, en dos años, similar a la de cuatro conformados que reconocieron los hechos.
La abogada de Henríquez, acusada para la que el fiscal mantiene su petición de pena de ocho años de cárcel por un delito de blanqueo y de pertenencia a grupo criminal, ha aludido a hechos “inexactos” recogidos por el ministerio público y ha querido aclarar que “en ningún momento fue detenida en este procedimiento, sino investigada”.
Sobre los hechos, la letrada ha señalado que el escrito fiscal, de 161 páginas, solo menciona a su representada en 12 páginas, con no más de tres líneas. En total, “un folio como mucho”, ha dicho, para agregar que no se extralimitó en sus funciones de secretaria: “Parece que el fiscal no sabe lo que es una secretaria. Que recibe y envía mails en nombre de su jefe; que recibe y envía documentación por el sistema que sea; que hace reservas en hoteles y en viajes; y hace lo que su jefe le pide”, ha enumerado.
Así, ha insistido en que Henríquez “solo hacía su trabajo” y “no era secretaria de ninguna organización criminal”, ha dicho en referencia a lo declarado por testigos en instrucción y en la fase de juicio. Además, ha puesto de manifiesto que los acusados conformados tampoco han dicho que ella cometiera un delito de blanqueo o que fuera secretaria de ningún grupo criminal.
También se ha apoyado la abogada en toda la documentación de la que disponía la UCO de la Guardia Civil sobre su clienta y sobre la que “no se desprende delito”. “En su móvil se vieron 360 whatssApp, 11.598 mensajes de texto, 170 MMS y 9.648 correos electrónicos. Y si tan importante era la función de Mitsouko, no entendemos cómo la UCO sólo cita en su informe nueve correos y todos son de envío o recepción de documentación”, ha dicho.
En relación con los 2,8 millones de euros que supuestamente recibió la exsecretaria de manos del testigo Fernando Belhot –por medio de un intermediario– para que se los entregara a Zaplana, su abogada –quien ha dejado claro que su representada no participaba en procesos administrativos– ha dicho que no hay ningún documento, contacto o conversación sobre ello. “No hay nada”, ha subrayado.
“CADA UNO TIENE SUS NECESIDADES”
En relación con los 50.000 euros que la Guardia Civil interviene en el despacho de Henríquez, su abogada ha manifestado que “Zaplana ya declaró que eran suyos y que provenían de sus cuentas. Mitsouko hacía retiradas de dinero en el banco para que siempre hubiera una hucha de 50.000 euros para gastos. Cada uno tiene sus necesidades y sus gastos”, ha replicado.
En referencia a los viajes, la letrada ha preguntado: “¿Qué secretaria no organiza viajes para su jefe? Ella no contrataba ni pagaba, sino que hacía la gestión e informaba”. Así, lo mismo con la mudanza a un piso en Madrid en el que estuvo Zaplana: “Ella recibía información y ayudaba”.
Por su parte, en la sesión de este jueves también ha expuesto su informe el letrado de Francisco Grau, quien fuera asesor fiscal de Zaplana y considerado el cerebro financiero de la trama. El ministerio público le reclama ocho años de prisión.
TRABAJO “EXQUISITO”
Su abogado, tras cuestionar la declaración del testigo Fernando Belhot y el hallazgo “no casual” y con “apariencia de montaje” de los conocidos ‘papeles del sirio’ que originaron este procedimiento, ha basado su defensa en argumentar que Grau “nunca” tuvo “nada que ver” con licitaciones públicas; en que se limitaba a asesorar a sus clientes con un trabajo “profesional y exquisito”; en que no ha ocultado nada y en que a él le llegó una estructura “ya creada” de sociedades de Luxemburgo.
El letrado, quien ha calificado de “bastante vagas” las declaraciones de los cuatro conformados en este procedimiento, ha mantenido que su cliente asesoró a Joaquín Barceló, amigo íntimo de Zaplana y testaferro confeso, “pese a que él lo niegue. Su declaración estuvo repleta de datos inveraces”, ha destacado.
“Barceló declaró aquí que todo era de Zaplana y que Grau lo sabía y eso no es así”, ha afirmado el letrado para indicar que “si Barceló era el testaferro de Zaplana, que no sabemos si eso fue así, quien no lo ha sabido en ningún momento ha sido Grau. Y el fiscal es consciente de ello cuando afirma al final de su informe que la ignorancia deliberada no cabría. Eso parte de que Grau no sabía nada, no fue informado”, ha repetido.
“Grau –ha añadido– nunca ha pretendido ocultar nada y solo se dedicaba a asesorar profesionalmente y con total transparencia sobre la gestión de sociedades e inversiones. Grau hizo un trabajo profesional y exquisito”, ha apostillado.
Por otro lado, el letrado, quien ha asegurado que su cliente no sabía quién pagaba el barco con el que viajaba con Zaplana, también ha destacado que Grau no entró en la CAM por su relación con el ‘expresident’, pese a lo que mantiene el ministerio público, sino por un economista que le propuso “en base a su prestigio tras 30 años de trayectoria”, ha dicho.
En esta jornada también ha expuesto su informe el acusado Saturnino Suanzes –se representa a sí mismo como letrado–, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel por blanqueo de capitales. Ha defendido que ha actuado con “absoluta transparencia” y ha pedido su absolución.
Ha señalado que tiene miedo a la petición de cinco años pero ha dicho: “Valiente es aquél que hace lo que tiene que hacer aunque tenga miedo y eso es lo que haremos. Defender la libre absolución es un derecho y un deber porque efectivamente gente que ha compartido conmigo banquillo ha venido aquí y ha defendido mi imputación. Nunca me he escondido detrás de una toga”, ha advertido. Y ha finalizado: “No hay prueba suficiente contra mí. No he creado documentos falsos ni tengo incrementos patrimoniales ni hermanos delincuentes”.
