La familia de Xavi, el niño de 3 años asesinado en el atentado del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona, se opone a la destrucción de las muestras del sumario que ha solicitado la Guardia Civil, según un escrito presentado el 2 de septiembre al que ha tenido acceso Europa Press.
El 9 de julio el coronel jefe del servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil se dirigió a la Sección 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para recordar que la Dirección General de la Guardia Civil había hecho dos solicitudes los días 20 y 26 de junio solicitando la destrucción de determinadas muestras de este sumario y pedía conocer el estado de la causa y, “en caso de que la misma se encuentre cerrada, autorización para la destrucción de las evidencias que se encuentran almacenadas en el Depósito Judicial de esta Unidad”.
El 29 de julio, la Audiencia Nacional respondió que la causa “aún se encuentra abierta, pendiente de la ejecución total de las penas de prisión impuestas”, y se especifica que, si bien se dictó sentencia en mayo de 2021, fue recurrida en apelación y casación y que los condenados aún no han cumplido la condena íntegra.
Sin embargo, en una diligencia de ordenación del 29 de julio, el letrado de la administración de justicia ordenó que, presentado el oficio de la Guardia Civil solicitando información sobre el estado de la causa y autorización de la destrucción de las sustancias, “únase a los autos y cumpliméntese”.
Una respuesta que según el abogado de la familia, Agustí Carles, podría ser interpretado como una autorización a la destrucción, pues algunas de las muestras son explosivos y sostiene que no esperarán para su eliminación a que las penas, algunas muy elevadas, se cumplan íntegramente.
Cabe recordar que Mohamed Houli Chemlal, ingresado en el centro penitenciario de Córdoba, no saldrá de prisión hasta agosto de 2037, Driss Okuabir no lo hará hasta febrero de 2039, si bien el Ministerio del Interior pidió que cumpliera la condena en Marruecos, mientras que Said Ben Iazza fue expulsado a Casablanca (Marruecos) en abril del presente año.
PRESENTARÁN OTRA DEMANDA
Ahora, los representantes legales de los padres del menor recuerdan que en enero de 2024 se interpuso un recurso de amparo contra la sentencia de 2023 del Tribunal Supremo alegando que “se ha producido la vulneración del derecho a saber la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad en general”.
Un recurso de amparo que en mayo fue inadmitido a trámite, pero se inició el plazo de cuatro meses para presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra dicha desestimación, un plazo que todavía no ha vencido, pues la fecha límite es el 9 de septiembre de 2024.
De hecho, sostienen que presentarán esta misma semana la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando, entre otros, “la vulneración del derecho a saber la verdad, con el fin que se condene al Reino de España a que lleve a cabo las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer todos los hechos relacionados con los atentados de Barcelona y Cambrils del 2017” y reparar el daño producido por la que consideran que fue una investigación insuficiente.
Para ello, es posible que sea necesario practicar prueba sobre los efectos y evidencias que podrían ser destruidos, o entregados, tal y como solicita la Dirección General de la Guardia Civil, por lo que entienden que no procede y, por consiguiente, se oponen a dicha petición.
