La Fiscalía ha puesto en valor su “esfuerzo” en el Tribunal Constitucional (TC) con el ‘caso ERE’ ante la “voluminosa documentación” aportada por los recurrentes, lo que le obligó a habilitar medios técnicos excepcionales y a pedir una “inevitable” prórroga para presentar sus alegaciones.
De ello saca pecho en la Memoria relativa al año 2023, que se ha hecho pública este jueves tras el discurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial.
Fue en octubre del año pasado cuando el Constitucional acordó ampliar el plazo para presentar los informes sobre los recursos del ‘caso ERE’ después de que la Fiscalía instase a esa prórroga.
Fuentes fiscales señalaron entonces a Europa Press que el Ministerio Público había solicitado una prórroga de 30 días hábiles a contar desde el 8 de noviembre de 2023, fecha en la que vencía el plazo para presentar sus alegaciones, necesarias para que el TC pudiera decidir sobre el fondo del asunto.
La Fiscalía apoyó finalmente en sus alegaciones revisar algunas condenas por prevaricación, entre ellas la del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, pero no las impuestas por malversación, como la de su sucesor José Antonio Griñán.
REBAJA DE PENAS
No obstante, el TC decidió exonerar toda la malversación por la que fue condenado Griñán a 6 años de cárcel –que no llegó a cumplir por enfermedad– y parte de la prevaricación por la que se penó a Chaves a 9 años de inhabilitación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos andaluces.
La mayoría del Pleno estimó parcialmente sus recursos y acordó anular sus condenas al considerar que se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia y se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación. Así, ordenó a la Audiencia de Sevilla, que juzgó la causa, que dicte dos nuevas sentencias.
El criterio del Constitucional ha supuesto una eventual rebaja de penas que tendrá que ser acordada por la Audiencia sevillana y la puesta en libertad de ex altos cargos de la Junta condenados.
La Fiscalía resalta el ‘caso ERE’ como uno de los que más condicionaron su actividad en 2023 y explica que tuvo que “habilitar medios técnicos excepcionales para poder acceder a la voluminosa documentación que acompañaba a los recursos”.
Ante esa circunstancia, continúa, “fue inevitable solicitar una prórroga del plazo procesal para elaborar las correspondientes alegaciones”. “Con todo, el esfuerzo de coordinación interna y con el propio Tribunal permitió que la Fiscalía concluyera su tarea de forma satisfactoria”, expresa, antes de recordar que todavía el TC no ha emitido su sentencia definitiva.
