La Fiscalía Anticorrupción ha informado a la juez de Majadahonda que instruye el ‘caso Supercopa’, relativo a las presuntas irregularidades en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la etapa de Luis Rubiales como presidente, que es contraria a que el asunto sea remitido a la Audiencia Nacional, tal y como pedía la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
Así consta en un informe del fiscal José María Alonso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que “al menos en el momento procesal actual, no se observan esas notas características que llevarían a una alteración del conocimiento de la causa por parte del juez predeterminado territorialmente”.
Para apoyar su decisión, el fiscal cita la sentencia del Tribunal Supremo 20.224/2022 de 23 de marzo que señala que para que se entienda cumplido el requisito de grave repercusión en la economía nacional –que avocaría a una causa a ser instruida por la Audiencia Nacional–, “se requiere no solamente el criterio cuantitativo, sino que estén presentes otros factores de naturaleza social o económica que permitan afirmar que la economía nacional puede verse repercutida”.
Y suma que se ha de seguir el criterio de la sentencia 20.056/2022 de 26 de enero del Supremo, que indica que “la atribución de competencia a la Audiencia Nacional se ha de interpretar de manera restrictiva, al tratarse de una jurisdicción especializada”.
PRORROGA DE LA INVESTIGACIÓN
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción interesa a la jueza instructora, Delia Rodrigo, que acuerde la prórroga de la instrucción “atendida la evidente complejidad de la investigación”.
Al hilo, recuerda que en junio de 2022 se incoaron las diligencias de investigación en el juzgado, lo que supuso la remisión de lo investigado en la Fiscalía, y que desde entonces “se han solicitado y acordado múltiples diligencias, fundamentalmente requerimientos de documentación, tanto bancaria como de carácter contable y económica a la RFEF”.
Añade a esto que en octubre de 2022 se acordó formar una pieza secreta de documentación, y la emisión de una comisión rogatoria a Andorra que no fue recibida cumplimentada hasta octubre de 2023. Y que, con posterioridad, se solicitaron por parte de la autoridad andorrana ciertas aclaraciones complementarias, hecho del que tuvieron conocimiento en diciembre de 2023.
Indica además que han pedido que se amplíe la colaboración de ese país con información adicional, “que a día de hoy no ha sido efectuada”, y que en el marco de las pesquisas se han presentado diversos informes de análisis policial.
El fiscal explica que a todo esto se suma que en marzo de 2024 tuvieron lugar “entradas y registros en domicilios y dependencias de personas físicas y jurídicas en el curso de las cuales se ocuparon, entre otros efectos y documentos, numerosos dispositivos electrónicos conteniendo un gran volumen de datos, de modo que se está en trance de extracción y volcado, para su posterior análisis”.
“Al tiempo, se han adoptado medidas cautelares de aseguramiento de bienes y activos, tanto bancarios como de otras clases”, apunta, para concluir que “en consecuencia, el procedimiento, de una complejidad cierta, con pluralidad de investigados y de partes acusadoras, se halla en plena fase de investigación, lo que hace ineludible la necesidad de que ésta continúe”.
