La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que archive la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, solicita que se acuerde el sobreseimiento provisional de las actuaciones ante “la inexistencia de motivos suficientes de criminalidad respecto de los querellados”.
Se les investiga a raíz de una querella interpuesta por Alberto González por la difusión de una nota en la que se daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal que instruyó el caso del supuesto fraude fiscal que se le atribuye al novio de Isabel Díaz Ayuso.
El sobreseimiento se insta al magistrado Francisco Goyena tanto en lo relativo a la filtración de la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Alberto González Amador, como en cuanto a la filtración de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal querellado Julián Salto y la defensa de González Amador entre el 2 de febrero y el 12 de marzo de 2024.
No obstante, en caso de considerar el magistrado instructor que la instrucción de la causa no ha concluido por entender que aún restan diligencias de investigación por practicar, el Ministerio Fiscal interesa la testifical de Alberto González y de uno de sus abogados.
En el texto, el fiscal hace alusión a “noticias alejadas totalmente de la realidad” que se publicaron en relación a un supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de la Fiscalía a Alberto González, con las que se daba “traslado de una imagen muy negativa del Ministerio Fiscal” y en las que se ponía “en duda la profesionalidad, imparcialidad y honorabilidad de varios integrantes de la Fiscalía española tanto por miembros de las instituciones públicas madrileñas como por varios medios de comunicación social”.
Subraya que ante ello surge “como consecuencia directa la necesidad de desmentirlas mediante información legítima, auténtica y veraz, y fruto de esa conveniencia se decide la redacción y distribución de una nota de prensa el día 14 de marzo”.
De igual modo, expone que los fiscales querellados han negado en su declaración como investigados ante el instructor de las diligencias haber filtrado ninguna noticia sobre estas diligencias, por lo que indica que “no hay prueba alguna que indique ni siquiera indiciariamente que hayan sido ellos los que difundieron la noticia de la interposición de la denuncia, por lo que no es posible atribuirles su autoría”.
En otro apartado, el fiscal añade que “desde el punto de vista mediático o de la imagen y honor de las personas, en casos relevantes o que afectan a individuos con proyección pública son numerosas las noticias en las que se pone de manifiesto la existencia de negociaciones o la voluntad de llegar a conformidades, sin que ello suponga tacha en el honor de quien está sometido y a un proceso penal”.
“No hay ninguna afectación al derecho de defensa afectado, como tampoco se ha vulnerado la relación Abogado-cliente. La comunicación es entre la Fiscalía y un Letrado. Si este traspasa o no a un órgano público el mandato de su cliente, declarándose culpable, por escrito, en un correo y su adjunto dirigido oficial y genéricamente a la Fiscalía, mal podría alegar una vulneración de esta naturaleza”, agrega.
“Si así fuera, lo sería la revelación de cualquier escrito de un Letrado, en nombre de un cliente, dirigido a cualquier juzgado o Fiscalía española”, puntualiza.
En el escrito, señala la Fiscalía que las manifestaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en las que asumía la responsabilidad “no arrojan duda alguna acerca de la responsabilidad última de la decisión de la difusión y de la ausencia de participación de otras personas en la traslación a los medios de la nota de prensa emitida”.
Recalca que dicha nota se remitió, “a través del servicio de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid, que fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal, en la que ningún secreto se desvela cuando las informaciones difundidas en esa nota habían circulado ya ampliamente en los medios de comunicación”.
CAUSA AL SUPREMO
El pasado viernes, la defensa de González Amador solicitó elevar las actuaicones al Tribunal Supremo después de que se le diera traslado del documento en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad en el caso de la difusión de una nota informativa en la que se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso relativo a un supuesto fraude fiscal.
También el pasado viernes el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación particular, remitió al instructor un escrito en el que solicitaba igualmente la elevación de la causa al Tribunal Supremo.
Esta petición por parte del ICAM se produjo tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado el Colegio en un comunicado.
Pilar Rodríguez y Julián Salto declararon este jueves ante el magistrado que instruye el caso que la orden directa de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado. En la misma línea se pronunció el pasado 13 de junio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
El propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El instructor dio traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminará en manos del Supremo.
