El Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid ha abierto diligencias contra Nacho Cano y otras dos mujeres por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores, al haber contratado presuntamente inmigrantes en situación irregular para su musical ‘Malinche’, según explica el auto al que ha tenido acceso Infobae España.
En septiembre de 2022 se inauguró en el recinto ferial de Ifema de Madrid la obra de teatro ‘Malinche’, creada por el fundador de Mecano. La historia se centra en “el nacimiento del mestizaje”, como figura en la web. “El musical narra la vida de Malinche, una mujer extraordinaria que navegó entre dos mundos y actuó como mediadora entre dos culturas al borde del conflicto. En este contexto, florece un amor que simboliza la unión entre México y España, dos pueblos hermanos”, dice la sinopsis oficial de la obra, que también cuenta la historia de amor entre la protagonista y el conquistador español, Hernán Cortes.
Para esta obra, según explica el auto, se contactó a 19 personas de México para que participaran en la misma como bailarines. Para ello se creo un grupo de WhatsApp con todos los extranjeros y la representante legal del productor, Roxana, en el que les informó de que serían trasladados desde México a Madrid para comenzar una formación y más tarde participar en el musical.
La jornada laboral era de 09:00 a 18:00 con parada de media hora a las 12:00 y una hora para comer a la 13:00. Los fines de semana tenían que colaborar con otras actividades relacionadas con la productora, como trabajar en un bar cercano.
Entrada en España
Los bailarines debían entrar como turistas en el país. Para evitar conflictos Roxana les explicó en conversaciones de WhatsApp lo que tenían que hacer para poder entrar de forma satisfactoria, diciéndoles que “les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar”.
Una vez en el país se les indicó que la beca se empezaría a tramitar a los tres meses de su llegada y se les prometió que se les regularizaría su situación administrativa en España por medio de un permiso de estudiante. No recibían un sueldo, pero la compañía se hacía cargo del alojamiento, gimnasio y comida del medio día mediante acuerdos con varios locales.
Además, recibían una mensualidad de 300 euros para gastos personales. La letrada les recordó en todo momento que eran becados, por lo que no podían trabajar en ningún otro lugar, salvo en la discoteca ‘Templo Canalla’, donde podían recibir un dinero extra.
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