La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria ha pedido este viernes, en la víspera del décimo aniversario del genocidio yazidí perpetrado por Estado Islámico, la liberación inmediata de las víctimas así como de las mujeres y niños detenidos “únicamente” por su afiliación a este grupo terrorista, que se encuentran retenidos en el noreste de Siria.
“La comunidad internacional debería apoyar su recuperación y bienestar y la búsqueda de justicia, no perpetuar las atrocidades a las que han sobrevivido”, ha declarado la comisionada Lynn Welchman, en alusión a las víctimas del genocidio yazidí que se encuentran retenidas “junto a sus perseguidores en condiciones deshumanizadoras”.
Según ha denunciado la Comisión, los yazidíes se ven obligados a “ocultar su identidad étnica y religiosa por temor a la violencia de los partidarios de Estado Islámico”. Además, las mujeres de esta comunidad con hijos nacidos como consecuencia de las violaciones cometidas por combatientes yihadistas se arriesgan a ser repatriadas a Irak mientras los menores permanecen en Siria y, por tanto, a ser separadas de sus hijos.
Por ello, han asegurado desde este organismo, la autoadministración que gestiona los campos del noreste de Siria, respaldada por la Coalición Internacional contra Estado Islámico, debe “redoblar sus esfuerzos por respetar los Derechos Humanos e identificar y liberar a los yazidíes allí recluidos”.
Por su parte, los Estados miembro de esta Coalición deben ofrecerles “opciones significativas en relación con el regreso a Irak, la reunificación con familiares o el asentamiento en terceros países con sus hijos”.
Asimismo, la Comisión ha pedido a la comunidad internacional que financie “adecuadamente las respuestas humanitarias (…) que tengan en cuenta la edad y el género de la comunidad yazidí”.
Según los datos de este organismo, permanecen “detenidos indefinidamente” en estos campos 44.000 mujeres y niños, más de la mitad menores. Dos tercios de ellos son extranjeros, de Irak y más de 60 países.
La Comisión también se ha manifestado sobre la situación de los presuntos exmiembros del grupo yihadista, condenando el “internamiento general de civiles” que no representan “ninguna amenaza imperativa para la seguridad”. Además, se estarían cometiendo crímenes de guerra por un internamiento en condiciones de “tratos crueles o inhumanos (…) falta de atención médica, básica, alimentos y el sufrimiento físico y mental”.
“En nuestra opinión, la situación actual en las prisiones y campamentos del noreste de Siria no contribuye en nada a combatir la ideología extremista de Estado Islámico y, por el contrario, puede estar contribuyendo a la radicalización de los niños y jóvenes allí recluidos”, ha alertado.
Así, la Comisión ha llamado la atención sobre la necesidad de “reconocer y proteger los Derechos Humanos fundamentales de todos los presos y detenidos a un juicio justo con las debidas garantías procesales, a una atención médica básica, a agua y alimentos adecuados y a la libertad de expresión”.
Este sábado se cumplen diez años del genocidio que cometió Estado Islámico contra el pueblo yazidí de Sinjar, en el noroeste de Irak, cerca de la frontera con Siria. También cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra mediante ejecuciones masivas, conversiones religiosas forzadas al Islam, esclavitud y violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas.
Tras la caída de Baghuz en marzo de 2019, cuando el grupo terrorista perdió su dominio territorial en Siria, decenas de miles de personas supuestamente familiares de sus combatientes, con mujeres y niñas yazidíes esclavizadas entre ellas, fueron detenidas en campos de internamiento, incluidos Al Hol y Roj en el noreste del país.
