Con la decisión del Gobierno nacional de dejar de pagar desde septiembre los subsidios por la Red SUBE en los colectivos que circulan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de retirar el porcentaje de subvención a las líneas porteñas, Javier Milei espera ahorrarse, al menos, $13.500 millones por mes. Esta es la cifra que la Secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Franco Mogetta, estima que el Tesoro nacional dejará de girar a las empresas de transporte automotor desde hoy. La medida del Ejecutivo se inscribe en el ajuste de las cuentas públicas que está llevando a cabo y que puso en la mira -entre muchos otros recortes- a los subsidios del Estado a los servicios públicos.
El anuncio fue defendido desde la Casa Rosada bajo el argumento de equiparar la situación del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la de los colectivos en el interior. “En el marco del ordenamiento de subsidios al transporte, el Gobierno Nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos”, sostuvo la caretra de Transporte en un comunicado esta semana que pasó.
Lo cierto es que la quita repercutirá desde hoy, 1ro de septiembre, en un aumento en el precio del boleto que, en la provincia de Buenos Aires, estiman entre un 25% y un 40% para aquellos que realicen combinaciones de colectivos, según señaló el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, en declaraciones este viernes a radio Mitre. En la Ciudad, la suba sería de un 30% sobre el valor actual. Además, las empresas se declararon en alerta por el impacto que tendrá en su ecuación económica, por el retraso en el precio de las tarifas respecto del costo del servicio.
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Lo cierto es que el recorte en los subsidios totales al transporte local en el AMBA ya vino ocurriendo en el primer semestre del año. De enero a junio pasado, el Ejecutivo nacional destinó $398.772 millones al pago de subsidios para el transporte de colectivos en el AMBA: La cifra incluye, además del Boleto Integrado de la Red SUBE, el subsidio por Atributo Social, y la compensación tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU). Estos subsidios están incluidos en el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que se financia con un impuesto aplicado sobre el combustible líquido y el gasoil, y transferencias del Tesoro nacional.
Ese valor, ajustado por la inflación a junio pasado, equivale a $469.483 millones, lo que representa un 24% menos que en el mismo período del año pasado. En la primera mitad de 2023, el giro a las empresas de transporte público en la Ciudad y el Conurbano había sido de $617.042 millones, según el cálculo de actualización a la inflación de junio realizado por Infobae ($140.532 millones a valor nominal).
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Conflicto político con CABA
La decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo frente político con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuando aún no cesaron los reclamos por la restitución de la coparticipación que dispuso la Corte Suprema, luego del recorte que había dispuesto Alberto Fernández en 2020.
La reducción de los subsidios a los colectivos de las 31 líneas con recorrido dentro de la Ciudad y de los descuentos por la Red Sube le implicará a Ejecutivo nacional un ahorro de $1.500 millones, que debería absorber la administración porteña si decidiera mantener el beneficio para los pasajeros. A esta cifra se suman otros $7.000 millones por el 45% de los subsidios que hoy le paga el Gobierno nacional a las empresas de colectivos que prestan el servicio en la Capital Federal. Ambas subvenciones se cortarían a partir de hoy, según el anuncio del Gobierno.
Actualmente, la Ciudad paga el 55% del subsidio restante de cada viaje en colectivo. La Casa Rosada quiere que Macri se haga cargo de pagar el 100% de los subsidios destinados a cubrir la diferencia entre el precio del boleto y la tarifa “real”. Hoy el costo de cada viaje en la Ciudad es de $863, de los cuales el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271, y el Gobierno porteño pone los restantes $221.
Macri adelantó que no estaría dispuesto a asumir ese costo en medio de la disputa con el gobierno nacional por la coparticipación. E, incluso, responsabilizó a la Nación ante una reducción de las frecuencias en el transporte o un posible paro por parte de las empresas ante la falta de recursos.
Desde el Ministerio de Infraestructura porteño, a cargo de Pablo Bereciartua, sostuvieron ante Infobae que los colectivos que circulan en el distrito están hoy “bajo jurisdicción nacional” y que “la Ciudad no regula ninguna línea de colectivos, no maneja las tarifas, ni conoce la estructura de costos de las empresas de transporte automotor”. Advirtieron que CABA no tiene una ley de Transporte que los incluya a los colectivos, como por ejemplo sí tiene para el subte, y que el traspaso de los colectivos de Nación a la Ciudad es una materia aún pendiente, como sucede también con la energía o el puerto.
“El transporte automotor lo administra y regula la Nación, que es la que tiene la potestad de fijar la tarifa, habilitar los servicios y recorridos, y también de pagar el subsidio en función de la información sobre los costos que maneja. La Nación le dice a la Ciudad cuánto corresponde de subsidio por mes y la Ciudad le transfiere el 55% de ese monto a una cuenta. No tiene relación con las empresas. Lo que no puede hacer la Nación es quitar los subsidios sin corregir las tarifas”, señalaron.
En la administración porteña confían, sin embargo, en que avancen las negociaciones que comenzaron hace tres semanas con una carta que le envió el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a Bereciartua, y que fue respondida por el funcionario porteño con esos argumentos. La última reunión oficial tuvo lugar el lunes pasado, sin que se llegara a un acuerdo ni con la Ciudad ni con la Provincia, aunque las conversaciones continúan en forma más soterrada.
Desde la Ciudad reclaman “no precipitar los hechos” ya que la medida del Ejecutivo nacional “impacta en el transporte público metropolitano, que involucra a 14 millones de personas”. Si bien apuestan a no tener que subir el boleto, y seguir pagando la parte del subsidio que cubren hoy (el 55%), el objetivo principal de la administración porteña es “negociar un traspaso ordenado que no sea intempestivo”. En ese sentido, advierten que el traspaso de los colectivos requeriría de un acuerdo firmado por ambas jurisdicciones, ratificado por el Congreso de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad. Luego, debería aprobarse una ley de colectivos, o modificar la actual una ley de Transporte que los incluya, y “crear las capacidades administrativas para administrar el sistema, evaluar costos, controlar las líneas e implementar la negociación de subsidios”.
En la cartera de Infraestructura porteña afirman “no estar de acuerdo con el subsidio a la oferta, que es lo que se ha hecho en el kirchnerismo desde hace 20 años”, y quisieran avanzar con el subsidio a la demanda. “Esto no es menor porque es un sistema muy complejo para el cual la Ciudad debería contar con información de los viajes la maneja la tarjeta de la Red SUBE, que la Ciudad hoy no tiene”.
La disputa con PBA
El recorte de los beneficios en el boleto integrado en las 377 líneas de colectivos que tienen recorrido en el Conurbano – sin ingresar a la Capital – también amplió la disputa existente con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El enfrentamiento con el mandatario kirchnerista no es solo discursivo, ya que obedece al fuerte recorte en las transferencias de recursos nacionales a la Provincia desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Según el secretario de Transporte nacional, “en el mes de julio la provincia de Buenos Aires había aceptado hacerse cargo de los costos del sistema en las líneas de colectivo de su territorio, pero ahora decidió que no solventará Red SUBE, perjudicando a más de 450.000 bonaerenses por día que no podrán acceder a los beneficios. La medida va en línea con que las jurisdicciones implementen los descuentos que consideren, como sucede por ejemplo en Mendoza y Rosario, entre otros”.
Esta decisión le implicará a Buenos Aires asumir, desde este mes, un costo mensual adicional de $5.000 millones por la Red SUBE en las líneas locales que están bajo la órbita de la Provincia, según datos de la Secretaría de Transporte de Nación. Pero el ministro D’Onofrio estimó que esa quita implicará una cifra mayor, de entre $7.500 y $8.000 millones.
El ministro de Transporte bonaerense cuestionó al Gobierno nacional por tomar una decisión “ilegal y unilateral” de ponerle fin al programa de boleto integrado, a cuatro meses de que termine el año, “con el Presupuesto ya aprobado”. D’Onofrio – no obstante – aseguró que no habrá un incremento en el boleto bonaernese. “En la Provincia la tarifa no aumenta. No hay nada que nos tengan que transferir. Ya pagamos el 100% de los subsidios”.
Desde que asumió Milei, el pasaje de colectivos aumentó 600% en el AMBA, muy por encima de la inflación y de los ingresos. A su vez, el Gobierno tiene pendiente un incremento del 32,5%, por la fórmula de actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y analiza cuál es el mejor timing para aplicarlo.
Tal como publicó Infobae, aún con el último aumento, el boleto se encuentra, en términos reales, un 35% por debajo de su valor de principios de 2019 según detalló el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET.
Qué subsidios mantendrá el Gobierno
El Ejecutivo nacional ratificó que sí seguirá subsidiando las 103 líneas de colectivos interjurisdiccionales del AMBA que tienen una cabecera en Ciudad y otra en el Conurbano, y las 10 del interior del país operadas por el Gobierno.
Estas 113 serán las únicas que conservarán los descuentos de la Red SUBE para aquellos pasajeros con la tarjeta registrada a su nombre, que realicen combinaciones de transporte público dentro de un lapso de dos horas. El descuento es del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercero, hasta un máximo de cinco viajes. La administración de Milei también mantendrá la tarifa social a más de 5,3 millones de personas que pagan el boleto con un descuento del 55% en todo el país, así como el subsidio en los trenes que circulan en el Área Metropolitana.
El régimen de compensaciones tarifarias a las empresas de transporte automotor, por el cual el Estado nacional le otorga a las empresas del sector automotor una determinada suma de dinero de forma mensual, comenzó a implementarse en 2007, durante el kirchnerismo. Su objetivo fue compensar la diferencia que existe entre el costo real del servicio y la recaudación por la venta de boletos, para evitar la suba de su precio. El subsidio llegó a cubrir el 90% del costo del boleto en el AMBA, y permitió sostener el boleto prácticamente congelado, a diferencia de su valor en el interior, donde es tres o cuatro veces más alto.
En el Área Metropolitana, la información sobre la recaudación de las empresas se realiza a través de la Red SUBE, mientras que en el interior del país -como en muchas provincias no funciona este sistema- se realiza a través de declaraciones juradas de las propias empresas sobre la cantidad de pasajeros que usan el servicio.
En 2019 – durante la gestión de Mauricio Macri – se modificó la ecuación de los subsidios y acordó que las provincias debían aportar, al menos, el 50% del valor de las subvenciones a los colectivos urbanos recibidas en el año anterior.
Las compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) se pagan a través del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), que figura entre aquellos que el Gobierno incluyó en la Ley Bases con la atribución de modificarlos o disolverlos. En el primer trimestre de este año, tuvo gastos corrientes por $213.467 millones, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto. Estuvieron destinados, principalmente, al pago de los subsidios a colectivos y al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER).
En febrero, el Ejecutivo nacional eliminó el Fondo de compensación al transporte público de pasajeros automotor urbano del interior, tras la caída de la primera versión de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. Tal como publicó Infobae, esta decisión amplió aún más la brecha entre el volumen de recursos nacionales para subsidiar el servicio de transporte de colectivos en las provincias y lo que el Gobierno le giró en los primeros meses bajo este concepto al AMBA.
Visualización de datos: Daniela Czibener
