Los colectivos de trabajadoras sexuales consideran que la propuesta de ley del PSOE que pide endurecer el castigo del proxenetismo y multar el pago por sexo “solo las deja aún más desprotegidas”. Así lo ha expresado este martes la Plataforma Stop Abolición, que se ha concentrado frente al Congreso para mostrar su rechazo a una iniciativa que consideran “criminalizadora”.
“Dejan a las mujeres en la calle, desprotegidas. Están acusando a clientes, a personas que ofrecen un establecimiento o un piso para que puedan ejercer su trabajo libremente. Esto les aboca a la clandestinidad, no ayuda”, indican a Infobae España desde la plataforma momentos previos a que el pleno del Congreso tome en consideración de la ley del PSOE, un proyecto que ya presentaron en la pasada legislatura pero que decayó por la convocatoria de elecciones generales. Ya entonces solo el Partido Popular se mostró a favor de apoyarlo.
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La iniciativa del PSOE, que prácticamente es idéntica a la anterior, quiere abrir el camino a la abolición de la prostitución, endureciendo el castigo del proxenetismo y multando el pago por sexo. Para ello proponen una reforma del Código Penal centrada en la modificación del artículo 187, planteando así penas de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses para la persona que “emplee violencia, intimidación, engaño, o abuse de una situación de superioridad o determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución”. También contempla la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien, “con ánimo de lucro, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”.
Tercería locativa, uno de los puntos más polémicos
Una de las medidas más polémicas que incluye la iniciativa socialista es la recuperación del delito de la ‘tercería locativa’, que persigue a quienes faciliten inmuebles para el ejercicio de la prostitución, con penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses, mientras que para los clientes que paguen dinero por sexo u otro tipo de prestación de contenido económico habrá “multas de 12 a 24 meses”. Aunque el texto de la iniciativa también indica que “en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución”, la plataforma Stop Abolición se pregunta cómo el PSOE va a lograr ese objetivo “si pretende cerrar los lugares donde ejercen su trabajo”.
“La ministra de Igualdad, [Ana Redondo], nos debe explicar cómo va a lograr que no se castigue a las mujeres si cierra los lugares donde trabajan, si les hace imposible conseguir un piso donde trabajar”, señala la plataforma en un comunicado. Su contradicción, añaden, se podría resumir en una frase: “No voy contra usted, pero esto que hace lo tendrá que hacer en la calle, en parques o en baños públicos”.
Asimismo, consideran que la propuesta de ley socialista “es un acto de hostilidad que profundiza el estigma de las trabajadoras sexuales, que interfiere en su libertad y que les condena a la clandestinidad”. Por ello reclaman una regularización y derechos, “los mismos derechos que puede tener cualquier otro trabajador”, al tiempo que aseguran que muchas de las personas que ejercen la prostitución lo hacen “libremente”. “Lo que sí debe ser denunciado y perseguido es cuando se ejerce de forma obligada”, concluyen.
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El voto del PP es clave
Por otro lado, este martes Sumar, el socio del Ejecutivo de coalición, ya ha comunicado que votará en contra de proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo al considerar que la iniciativa implica una “mayor desprotección” para las mujeres que ejercen la prostitución y que “no aborda los problemas estructurales” que afectan a las trabajadoras sexuales. Así, el voto del PP resultará clave para el futuro de la iniciativa.
