La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta a la ciudadanía y a los servidores públicos colombianos sobre una nueva táctica de estafa que se realiza mediante la suplantación de funcionarios.
Esta modalidad involucra perfiles falsos en redes sociales, como WhatsApp, además de llamadas telefónicas y mensajes, con el propósito de engañar y cometer fraudes.
Delincuentes se hacen pasar por procuradores y organizan reuniones falsas, posteriormente solicitan dinero a cambio de supuestas “asesorías” y “gastos de viaje” inexistentes. La Procuraduría enfatiza que nunca solicita viáticos, dinero, giros, consignaciones o dádivas para gestionar acciones específicas. La entidad menciona que cualquier solicitud de este tipo es fraudulenta.
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Las autoridades han instado a la ciudadanía a reportar estos casos ante la Fiscalía o la Policía Nacional. Las denuncias pueden realizarse a través de los números telefónicos 122 y 123, según el comunicado difundido por medios reconocidos.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos por proteger a la población y a los servidores públicos de posibles fraudes, asegurando la integridad de las instituciones estatales. La Procuraduría General ha divulgado esta información con el propósito de concienciar y prevenir este tipo de delitos.
La Procuraduría General investiga presuntas irregularidades en contratos del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios aún sin identificar del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional por supuestas irregularidades en dos contratos firmados con el Ejército Nacional. Dichos contratos involucraban la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, La Guajira.
La investigación surge a raíz de dudas sobre el paradero de anticipos por más de $2.000 millones entregados en 2019 y 2021, según un comunicado oficial. Además, se sospecha de posibles actos de corrupción y mala gestión en la ejecución de los mencionados proyectos. La Región de Instrucción de Cundinamarca ha indicado que la construcción de 36 viviendas, planificada para finalizar en nueve meses tras la firma del acta de inicio, se detuvo en agosto, generando incertidumbre sobre el uso de los anticipos.
En respuesta, la Procuraduría ha impuesto multas y ha comenzado procedimientos sancionatorios debido a incumplimientos parciales en los contratos. Según la entidad, “la actuación disciplinaria que empezó la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
En otras acciones recientes, la Procuraduría presentó cargos contra Luis Carlos Arana Quintero, concejal de Zarzal, Valle del Cauca. Se le acusa de haberse posesionado sin considerar su inhabilitación por firmar contratos con el Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural. El contrato, firmado un año antes de su elección y que incluía a Zarzal en su plan de ejecución, le impedía asumir su cargo.
La Provincial de Instrucción de Cartago señaló que Arana Quintero posiblemente participó activamente en sesiones de la corporación, infringiendo el régimen de inhabilidades. “La Entidad adujo que con la posible omisión de Arana Quintero se vulneró el principio de moralidad que rige la función pública”, según indicó la Procuraduría, calificando la falta como gravísima.
Además, la Procuraduría también ha formulado cargos contra la jefa de la unidad de salud en Caldas por conductas presuntamente constitutivas de acoso laboral. Se alega que desacreditó profesionalmente a un subalterno, afectando su desempeño y entorno laboral.
Procuraduría General de la Nación impone cargos contra exgerente de ESE Centro de Salud El Roble por presunta mala gestión de recursos
La Procuraduría General de la Nación impuso cargos contra Fernando Manuel Vergara Ortega, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud El Roble en Sucre. Vergara Ortega está acusado de emitir una resolución que comprometía el pago de deudas adquiridas por Comfasucre EPS, lo que llevó al embargo de recursos destinados a la salud por un valor cercano a los $12.000.000.000.
Según la delegada para la Economía y Hacienda, Vergara Ortega decretó el embargo de los recursos sin tener las facultades ni la competencia necesaria, utilizando los fondos disponibles en las cuentas bancarias de la entidad. La Procuraduría señaló que esta acción excede claramente las funciones de su competencia y que los fondos embargados formaban parte del Presupuesto General de la Nación, destinados exclusivamente al régimen de salud, lo cual infringe el principio de inembargabilidad.