Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La polémica reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), avanzó un paso clave este miércoles tras aprobarse en el Senado de la República, una vez superó el trámite en la Cámara de Diputados la pasada semana.
Estas son las claves del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana, incertidumbre en los mercados e inquietud en socios clave como Estados Unidos.
La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.
En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida en 2027.
La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México. La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.
También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.
Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.
No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.
Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.
Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.
La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de “jueces sin rostro”, figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.
Estas medidas, implementadas en otros países como Brasil, Perú, Colombia o El Salvador, suscita grandes recelos por la opacidad que implica, ya que estos jueces no obedecerían a ningún tipo de rendición de cuentas públicamente y tendrían un poder casi absoluto otorgado por la propia Constitución.
Pese a que en un primer momento se especuló con que Sheinbaum podría defender una versión más moderada de la reforma, finalmente la presidenta electa, que asume el gobierno el próximo 1 de octubre, respaldó completamente la iniciativa presentada por López Obrador.
En el plano internacional, el embajador estadounidense Ken Salazar quien aludió a “riesgos para la democracia y la economía”, y agencias calificadoras como Fitch, mostraron su preocupación por el impacto que pudiera tener la reforma en la inversión y la seguridad jurídica.
A ello se suma la depreciación del peso, que ha sido continuada desde que se conociese la victoria electoral de Sheinbaum, con una caída hasta las 20 unidades por dólar, nivel no visto desde 2022. EFE
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