El choque de una formación con pasajeros y una locomotora en la línea San Martín ayer en Palermo, con un saldo de 60 heridos, expuso la falta de inversión crónica en el sistema ferroviario por parte de Trenes Argentinos, empresa que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Dirigida por Luis Adrián Luque, un ex concejal del Frente Renovador en San Miguel, la empresa que opera los trenes de pasajeros en el país estuvo dos meses sin autoridades por la demora de Javier Milei en designar al reemplazante de Martín Marinucci, también integrante del partido fundado por Sergio Massa. Luque se desempeñaba, desde enero de 2002, como gerente de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que controla Trenes Argentinos.
El ajuste impuesto a partir de la llegada del libertario a la Casa Rosada no escapó a los fondos destinados a la operación ferroviaria por parte del Estado, e incluyó el despido de alrededor del 20% de su personal y la apertura de retiros voluntarios en la empresa.
Distintas fuentes ferroviarias admitieron una falla humana de un auxiliar de la estación Palermo, que liberó una sección de la vía al tren de pasajeros proveniente de Retiro. Sin embargo, atribuyen el choque a la falta de arreglo del material rodante, la ausencia de controles básicos de seguridad y ausencia de adecuado mantenimiento de la infraestructura. A esto, se sumó el robo sistemático de cables que dejó fuera de funcionamiento a las señales visuales que guían a los maquinistas, y dejó a la línea San Martín con un sistema de autorización manual para el uso de vías, que requiere auxiliares y mensajes por radio con el maquinista para avisar cuando las vías se van liberando.
El principal programa de aportes del Tesoro para el funcionamiento de los trenes es el de Asistencia Financiera a Empresas del Sector Ferroviario, que tuvo un recorte del 60% en el primer cuatrimestre de este año respecto del 2023, según el análisis presupuestario realizado por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Los principales recortes
Del análisis de los números, surge que en los primeros cuatro meses de 2024, hubo giros a las cinco empresas estatales ferroviarias por $181.720 millones a valores de mayo (considerando la inflación de enero a abril). El monto es un 59% menos que en el mismo período de 2023, cuando se transfirieron $444.336 millones, de acuerdo al análisis de ACIJ. Este número surge al considerar la inflación de los cuatro meses de 2024, con un valor REM del 9% para abril, y el índice mensual de precios al consumidor (IPC), actualizado mes a mes de 2023.
La empresa que tuvo el mayor recorte en el primer cuatrimestre de 2024 fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE): el 92%. Mientras que en el primer cuatrimestre de 2024 recibió $2.982 millones, un año antes había recibido $39.162 millones en el mismo lapso, a valores ajustados por inflación. Se trata de la compañía que se ocupa del mantenimiento, renovación, infraestructura y gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.
Con 658 empleados, en 2023, ADIFSE tuvo ingresos por su operación por $1.769 millones y gastos por $8.098 millones, por lo que tuvo un resultado financiero negativo de $12.674 millones. Para enfrentarlo, necesitó de subsidios estatales destinados también a atender sus requerimientos de inversión para la electrificación de las líneas ferroviarias, obras civiles, señalamiento y renovación de vías. En 2023 recibió transferencias del Tesoro -corrientes y de capital- por $116.384 millones. Hoy la preside Marcelo Krajzelman, un abogado cercano a Florencio Randazzo, ex ministro del Interior de Cristina Kirchner, quien se hizo cargo de la reestización de los trenes tras la tragedia de Once.
En segundo lugar, en cuanto al volumen de recorte, se ubica la empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SA, dedicada al manejo de los recursos humanos de Trenes Argentinos, con un 67% menos de transferencias del Tesoro en los primeros meses de 2024 respecto del mismo período en 2023.
Le sigue en tamaño del ajuste en la administración libertaria SOFSE, con un recorte del 56%. Se trata de la empresa que tiene la mayor cantidad de empleados, 23.743, y la que debe garantizar el funcionamiento de las líneas de pasajeros. En 2023 tuvo un resultado negativo de $47.310 millones. Para este año, tiene previstas transferencias del Tesoro previstas por $336.000 millones, pero solo se ejecutó el 40% de este monto.
Luego aparece Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado con un 53% de ajuste en los primeros cuatro meses del año respecto del 2023.
Por último, Belgrano Cargas y Logística registró un 52% de recorte en el primer cuatrimestre. Esta última empresa, cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos Cargas, fue creada en 2013 con el objeto de prestar el servicio, la operación y logística de trenes de carga. Con 4.642 empleados, tuvo un resultado financiero negativo de $29.493 millones, y tenía previstas transferencias del Tesoro este año por $34.200 millones.
Tanto SOFSE como Belgrano Cargas fueron incluidas entre las empresas del Anexo I de la Ley Bases como sujetas a privatización, con la opción de ser concesionadas.
El gerente del San Martín es hoy Hernán Alberto Tuppo, y el control del funcionamiento de la línea está a cargo de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), en la que Milei nombró a Edgar Pérez, ex secretario de Transporte en Córdoba. El control ferroviario por parte de la CNRT tenía previsto un presupuesto para 2024 de $2.173 millones, el mismo que en 2023 ya que se prorrogó el del año pasado. Fue ampliado a $3.092 millones, un 139%, muy por debajo de la inflación anual.
Préstamo del BID sin ejecución
En agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se anunció que el BID iba a financiar una obra por USD 400 millones para la “puesta en valor” del ferrocarril San Martín, la línea donde tuvo lugar ayer el choque, con obras de readecuación, señalización y electrificación entre Retiro y Pilar.
El monto total de este proyecto en su origen era de USD 522 millones y tenía previsto un aporte local de USD 122 millones. Sin embargo, la licitación se fue retrasando sin concretarse. Tras la última enmienda de 2022, se postergó la apertura de ofertas prevista en diciembre de 2022 para el 15 de enero de 2023. Sin embargo, un año y cuatro meses, la adjudicación aún no se concretó. Pese a tener financiamiento internacional, quedó en stand by con el freno a la obra púbica y la gestión de Milei prorrogó su adjudicación por otros 90 días.
Visualización: Daniela Czibener
