Aunque todavía debe regresar a la cámara de Diputados para conseguir su forma final, la aprobación de la Ley Bases en Senadores del jueves, pone al Gobierno en las puertas de poder avanzar con varias de las promesas que habían comenzado en campaña electoral y que se fueron detallando ya en el poder, y que mantienen a buena parte de la industria automotriz en un largo compás de espera.
La carga impositiva que tiene el mercado automotor, tanto para quienes fabrican como para quienes comercializan, es el gran tema que preocupa al sector desde que asumió Javier Milei, ya que más allá de la matriz fiscal que ya tenían históricamente, una de las primeras medidas fue subir el impuesto PAIS del 7,5% al 17,5%. Pero también, una de las primeras medidas que se espera que puedan tomarse ahora sería la de regresar a ese valor que hubo hasta el 13 de diciembre, paradójicamente, justo hace seis meses.
El impuesto PAIS lo pagan todas las importaciones de automóviles que se hacen con dólares oficiales, salvo las que tienen destino de exportación, lo que encarece diez puntos porcentuales solamente con este tributo, el costo de los vehículos del mercado interno y el de los autos importados para venta local.
En este último caso, muchos importadores están haciendo sus operaciones por fuera del Mercado único y libre de cambios (MULC), precisamente porque necesitan tener otra liquidez y bajar los costos para ser más competitivos. Así, la reducción del impuesto sólo representaría un beneficio parcial, que de todos modos depende de otras dos condiciones: que se reduzca el plazo de 180 días para disponer de las divisas para pagar las compras en el exterior, y que la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros se cierre o se acerque.
Hasta hace algunas semanas, antes que el dólar MEP y el dólar CCL subieran a los valores que tienen hoy en torno a los $1.300, importar con dólares oficiales o comprar dólares CCL y enviarlos a una cuenta en el exterior para pagar desde ahí, era un negocio posible y perfectamente legal, con una equivalencia de valores y con la libertad de poder pagar incluso anticipadas las importaciones y no tener que esperar seis meses para hacerlo.
Pero con el aumento de la divisa en sus formatos financieros y la micro devaluación semanal del dólar oficial, importar con dólares oficiales tiene un valor de divisa de $1.080 (dólar oficial más impuesto PAIS) y la ecuación es más conveniente que la de “ir por afuera”.
Por esa razón, para los importadores, una de las medidas más convenientes que podría tomar el gobierno a partir de sancionar la Ley Bases, sería la de eliminar la primera escala del impuesto interno, conocido como impuesto a los autos de lujo, ya que casi todos los autos que provienen de extrazona la pagan con un incremento del 25% de sus costos. Para el gobierno sería lo más fácil de hacer porque el impuesto PAIS genera mucha más recaudación, mientras que el interno es más de nicho de la industria, y permitiría reactivar el mercado con una baja de precios al consumidor sin perder tanta recaudación.
En este marco, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), ha emitido este jueves un comunicado en el que “celebra que el gobierno esté a punto de obtener la sanción de una ley que le permita adoptar medidas orientadas a una mayor apertura de la economía en general, y en particular del sector automotriz, facilitando a los argentinos el acceso a un mercado automotor más moderno y competitivo, con productos de última generación tecnológica en materia de seguridad activa y pasiva y de propulsión, en mejores condiciones de precios y créditos”.
Según el texto enviado a los medios, actualmente “el parque automotor de Argentina está atrasado por lo menos en 10 años debido a las regulaciones en materia de importación que rigieron hasta el gobierno anterior y las cargas impositivas y arancelarias que se mantienen vigentes o acrecentadas”.
CIDOA asegura que esta condición impositiva hace que “el precio al consumidor de un automóvil en la Argentina resulte mucho más caro, hasta 100% en algunos casos, de los que se pagan en cualquier otro país del mundo”, y expresa que “libertad implica igualdad de oportunidades y de condiciones entre los actores del mercado, lo que se logra con regulaciones transparentes, libre acceso a los instrumentos financieros y una razonable y equitativa carga impositiva”.
“Lo ideal sería que al menos bajen el 35% de arancel de importación extrazona, pero sabemos que hay un convenio con Brasil hasta 2029 que no lo permite hacer libremente”, destacaron desde una empresa importadora. El acuerdo que menciona la fuente es el ACE14, que permite el intercambio de automóviles sin arancel entre Argentina y Brasil, pero fija en ese 35%, el máximo aceptado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), las importaciones desde mercados externos al regional.
En paralelo, la industria del automóvil en su conjunto espera mayores precisiones también con la nueva condición para el Régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), que se modificó en el tratamiento de la Ley Bases en la cámara alta, y que, en principio, dejaría afuera de esos beneficios al sector automotor. Algo que preocupaba a las fábricas argentinas nucleadas en ADEFA.
“El entendimiento, a priori, es que no incluye la industria automotriz, pero esto todavía no termina, ya que vuelve a Diputados. Así que falta entender qué incluye dentro de ‘Tecnología’ y qué modificaciones se harán en Diputados. Hay que ver a que se refieren, pero habitualmente sería a software, etc”, respondieron desde una terminal automotriz este jueves por la mañana ante la consulta de Infobae.
