El Senado se encuentra discutiendo la Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0, una normativa que busca eliminar los reportes negativos en las centrales de riesgo para aquellos que salden sus deudas, facilitando así el acceso a financiamiento.
El historial crediticio negativo puede limitar oportunidades como la adquisición de vivienda o la puesta en marcha de un emprendimiento. Este problema no solo afecta a los informes de Datacrédito, sino que también influye en el puntaje crediticio, resultando en tasas de interés más altas en préstamos y créditos.
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La propuesta de la Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 ofrece una solución para quienes enfrentan problemas crediticios. La medida promete eliminar los reportes negativos para quienes liquidan sus deudas en un plazo de un año, lo que permitiría mantener un historial crediticio limpio.
De aprobarse, esta ley podría representar un alivio significativo para muchas personas, abriendo nuevas oportunidades para acceder a préstamos y créditos. Además, permitiría a los ciudadanos reorganizar sus finanzas y avanzar hacia un futuro financiero más sólido.
Actualmente, la Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 sigue en discusión en el Senado, y su aprobación se espera que beneficie a un amplio sector de la población que busca mejorar su situación crediticia.
Cuándo entra en vigencia y qué requisitos se deben cumplir para acogerse a la ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0
El Senado de Colombia está evaluando la posible aprobación de la ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0, una versión mejorada de la normativa anterior que estuvo vigente del 29 de octubre de 2021 al 30 de octubre de 2022. Esta iniciativa busca que más ciudadanos puedan mejorar su historial crediticio y aliviar sus cargas financieras.
La nueva propuesta extiende los beneficios de la primera edición, ofreciendo oportunidades adicionales para aquellos con deudas impagas. Según la información disponible, los interesados deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos haber alcanzado un acuerdo de pago con la institución financiera correspondiente y que haya pasado un periodo mayor a dos años desde el primer incumplimiento de la deuda.
Uno de los aspectos clave de esta legislación es el límite de la obligación financiera, que no debe exceder los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, aproximadamente $22 millones de pesos colombianos. Este tope permite que la ley beneficie a un sector amplio de la población con deudas moderadas.
El período de vigencia extendido y los requisitos específicos tienen como objetivo facilitar que un mayor número de personas pueda regularizar su situación crediticia. La aprobación de esta ley podría impulsar considerablemente la economía y mejorar el acceso a crédito para aquellos que han tenido dificultades financieras en el pasado.
Con la discusión en el Senado en curso, los ciudadanos y las organizaciones financieras están atentos a las posibles modificaciones y la implementación de esta normativa. La primera versión de la ley demostró ser un instrumento efectivo para la recuperación crediticia, y la versión 2.0 busca expandir estos beneficios.
La propuesta ha generado diversas opiniones tanto en el ámbito político como financiero. Se espera que las discusiones legislativas se lleven a cabo en las próximas semanas para definir su futuro.
Aumento de solicitudes de insolvencia en Colombia revela creciente crisis financiera
Más de 2,000 ciudadanos colombianos han optado por declararse en quiebra en lo que va del año 2024, según datos de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera. Este incremento significativo en las solicitudes de insolvencia refleja el creciente impacto de la crisis económica en el país.
La Ley de Insolvencia Económica, diseñada para permitir que tanto personas físicas como jurídicas puedan reorganizar sus deudas y evitar la pérdida de bienes, ha sido adoptada por un número creciente de ciudadanos. En comparación con las 6,470 solicitudes registradas en 2023, la tendencia al alza subraya la gravedad de la situación financiera que enfrentan muchos colombianos.
Luis Benítez, director de Insolvencia, destacó en La FM que “el aumento en las solicitudes de insolvencia en persona natural puede ser positivo, ya que significa que cada vez más colombianos sacan provecho de la norma y así obtienen una segunda oportunidad para reorganizar sus asuntos financieros”.
La normativa, que ofrece un marco legal para la reorganización de deudas, experimentó un crecimiento del 48% en las solicitudes durante 2023, como especificó el Ministerio de Justicia. Este fenómeno refleja no solo la persistente incertidumbre económica, sino también las dificultades exacerbadas por la pandemia y otros factores. La Ley de Insolvencia, según el ministerio, se ha convertido en un recurso crucial para aquellos que buscan protección financiera y desean evitar la liquidación de sus activos.
Para acogerse a esta ley, los deudores deben cumplir con ciertos requisitos: tener dos o más deudas pendientes, haber incumplido en el pago de al menos dos obligaciones financieras por más de 90 días, o enfrentar procesos legales en curso. El proceso de solicitud incluye la presentación de un informe causa de cese de pagos, una propuesta de negociación de deudas, una relación completa de acreedores, un inventario detallado de bienes, información sobre procesos judiciales y administrativos, certificación de ingresos y una lista de obligaciones alimentarias.
El proceso comienza con la presentación de estos documentos en un centro de conciliación autorizado. Si la solicitud es aprobada, se suspenden los procedimientos judiciales relacionados con el cobro de deudas, y se procede a cumplir con el acuerdo nuevo. Incumplir este acuerdo puede llevar a la revocación del proceso de conciliación y a la liquidación de los activos del deudor.
La situación subraya la necesidad de medidas políticas y económicas que aborden las causas subyacentes de estas dificultades financieras y ofrezcan respaldo a los afectados, garantizando su estabilidad económica a largo plazo.
