(POLICÍA NACIONAL/)
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de Málaga una de las mayores organizaciones criminales, atendiendo al número de víctimas afectadas, que se dedican en el país a la explotación sexual de mujeres en pisos de citas. Han sido liberadas once mujeres y han sido detenidas 25 personas que formaban un entramado criminal que habría obtenido un beneficio anual superior al millón de euros.
Los explotadores obligaban a las mujeres a trabajar 24 horas al día siete días a la semana, sin usar preservativo. Se estima que solo durante los meses que ha durado la investigación más de 500 mujeres de origen latinoamericano habrían sido explotadas, y el beneficio anual del entramado superaría el millón y medio de euros, han indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.
Hay once víctimas liberadas y 25 personas han sido detenidas, ocho de ellas han ingresado en prisión. Durante la operación han realizado siete registros domiciliarios en los que se ha intervenido 145.338 euros en metálico y 1,2 kilogramos de cocaína, y diversas sustancias de corte y útiles para su pesaje, procediéndose a la clausura de cuatro pisos de citas.
La investigación policial comenzó a partir de tres denuncias recibidas en el teléfono 900 10 50 90, una de las herramientas, junto al correo electrónico trata@policia.es, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
Engañadas con falsas ofertas de trabajo
Tras la información recibida, y después de numerosas indagaciones, los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en la ciudad de Málaga que se dedicaba a explotar sexualmente a mujeres en cuatro pisos prostíbulo.
El entramado, que estaba perfectamente estructurado y contaba con un elevado número de miembros, captaba a una parte importante de las victimas en sus países de origen, principalmente Colombia. Las mujeres, en una situación de gran precariedad económica, eran engañadas para viajar a España en muchos casos con una falsa oferta de trabajo en un centro estético que la organización poseía en España.
No obstante, una vez aquí, eran informadas de la deuda que habían contraído con los explotadores por la gestión y los gastos del viaje, una deuda que deberían saldar ejerciendo la prostitución y que no pararía de incrementarse a través de sanciones y multas injustificadas.
Las condiciones de trabajo impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y no podían elegir ni rechazar a ningún cliente o servicio.
Así, eran forzadas a trabajar aunque tuvieran la menstruación y a no usar preservativo, lo que habría provocado que varias mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual, hecho que sin embargo no había impedido que siguieran siendo prostituidas.
Además, y para ejercer un mayor control sobre ellas, eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos de citas que sólo podían abandonar dos horas al día con autorización previa de las encargadas.
Bajo los efectos de las drogas
Asimismo, el entramado también se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba, obligando a las mujeres a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes con el objetivo de que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios, lo que en algunos casos también derivaba en lesiones para las víctimas.
De manera paralela, los agentes detectaron la existencia de un entramado societario controlado por los principales responsables de la red delincuencial con la única finalidad de ofrecer apariencia de legalidad a los ingentes beneficios obtenidos por sus actividades ilegales.
A través de las pesquisas realizadas, los investigadores determinaron que la organización establecía un objetivo mensual de ingresos a cada una de los pisos que regentaba, de lo que se ha podido deducir que las ganancias anuales superarían el millón y medio de euros.
Además, por orden judicial, se han clausurado los cuatro pisos de citas del entramado y se ha procedido al bloqueo de 13 cuentas bancarias con un saldo total de 18.116 euros y la prohibición de disposición de distintos bienes por un valor de 130.0000 euros.
Noticia elaborada por Europa Press
