Los exmiembros de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, y Miren Itxaso Zaldúa ‘Sahatsa’, han negado este lunes en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional que organizasen cuatro atentados de la banda terrorista en el marco de la actividad del comando ‘Basajaun’, entre ellos el atentado contra la Universidad de Navarra de mayo de 2002 y el de El Corte Inglés de Zaragoza de junio de ese mismo año.
Los acusados, para los que la Fiscalía solicita respectivamente la pena de 167 años de prisión, se han desmarcado también de los ataques a las sedes de las empresas Uvesa SA y Ultracongelados Virto SL, ejecutados por el mismo comando.
‘Sahatsa’, por su parte, ha reconocido que estuvo integrada en ETA como militante desde 2004, aunque ha negado que perteneciese al comando ‘Basajaun’. También ha asegurado que nunca realizó acciones armadas, y que su función consistía en realizar acciones de correo y, posteriormente, encargarse de un almacén de explosivos y armas.
La propia Zaldúa ha relatado que la organización le “dio un cursillo de cómo manejar el explosivo, cómo tocarlo y qué era “cada cosa”. ETA también le entrenó en el “manejo de pistola”, una formación que “fue un desastre porque”, según ha explicado, todas las armas le quedaban “grandes”. “Me dieron una pequeña porque no había manera de manejarla”, ha añadido.
Carrera Sarobe, por su parte, ha anunciado que no respondería a preguntas de la Fiscalía o de la acusación. En el interrogatorio de su abogada, ‘Ata’ ha asegurado que no tuvo “ninguna participación” en los citados atentados.
El que fuera integrante de ETA, que reconoció el pasado mes de julio en otro juicio celebrado en la Audiencia Nacional su integración en el comando Basajaun, ha incidido en que el mismo no tuvo “ninguna” implicación en los ataques. Además, ha aseverado que ‘Sahatsa’ nunca estuvo integrada en el comando.
Y en lo relativo a si se mensajeaba con la dirección de la banda, Carrera Sarobe ha dejado claro que “jamás” realizó comunicaciones de su “puño y letra”.
Este lunes también han declarado como testigos ante el tribunal que preside el juez Alfonso Guevara los encargados de los atestados realizados tras los atentados. Todos ellos se han ratificado en los mismos.
UN CRÁTER DE 5 METROS
En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, la fiscal Ángela Gómez Rodulfo imputa a ambos varios delitos de estragos terroristas, lesiones, robo de vehículo y falsedad en documento público.
El escrito recuerda que el atentado perpetrado contra la Universidad de Navarra produjo daños en el edificio central de la misma y en uno de los colegios mayores que se ubica en el interior del campus, Colegio Mayor Belagua, tras hacer explosión el artefacto que el comando colocó en un Ford Escort que robaron previamente.
El fiscal sostiene que los etarras “efectuaron llamada de aviso de la colocación del artefacto y de su inminente explosión en nombre de la organización terrorista ETA” y que desarrollaron esta acción “a sabiendas de que con ello se ponía en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas que pudieran encontrarse en su radio de acción”. De hecho, hubo dos heridos, uno de ellos agente de Policía Nacional.
En el caso de El Corte Inglés, el fiscal indica que la explosión fue tan grande que “ocasionó un cráter de dimensiones aproximadas de 5 por 7 metros de diámetro” dado que el artefacto contenía entre 70 y 80 kilogramos de explosivo. Explica que, al igual que ocurrió en la otra ocasión, se hicieron varias llamadas en nombre de la organización terrorista ETA avisando de la colocación del vehículo, si bien no se especificó “su concreta ubicación ni la hora prevista para su activación”.
Recuerda que, además de varios heridos, la explosión produjo “importantes desperfectos materiales” en el centro comercial, tanto en la zona de aparcamiento, como de accesos y otras dependencias, y la reparación exigió un desembolso de 4,7 millones de euros.
La Fiscalía sostiene que el ataque a las empresas Uvesa SA y Ultracongelados Virto SL fue realizado por miembros del comando Basajaun por orden de los acusados y a modo de venganza “por haberse negado a pagar las cantidades que les habían exigido desde la banda terrorista como impuesto revolucionario”.
