Madrid, 31 may (EFECOM).- Los inspectores de pesca marítima pararán en los puertos y se manifestarán en Madrid el próximo 4 de junio, en su segunda huelga general en poco más de un año en protesta por los horarios laborales y para reivindicar más seguridad y remuneración en su profesión.
El paro ha sido convocado por los sindicatos ELA y CCOO, durará 24 horas y afecta a 165 inspectores pesqueros, que, en su mayoría, secundaron en marzo de 2023 la primera huelga general en décadas de este colectivo de trabajadores públicos en rechazo a la instrucción de horarios laborales del Gobierno.
El objetivo es reivindicar una mejor regulación para que su trabajo se adapte a la realidad de la flota y que “se le reconozca y compense su responsabilidad”, según ha declarado este viernes a EFE la presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores Pesqueros (Apipes), Ludi Rueda.
El próximo martes está previsto que los inspectores paren en los puertos, así como una manifestación en Madrid, que comenzará en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (frente a la Estación de Atocha), marchará hacia el de Política Territorial y terminará frente la Secretaría General de Pesca.
La presidenta de Apipes ha señalado que la situación de estos profesionales “no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado” un año después de su primera huelga general.
Si no reciben respuestas satisfactorias, “se convocarán huelgas de tres días o de una semana”, ha advertido, tras reunirse este viernes con representantes de la Administración.
No se han fijado servicios mínimos para el martes, según Rueda.
Según Apipes, la regulación de horarios -que está recurrida porque los inspectores consideran que incumple la norma comunitaria sobre la contabilidad de las horas de sus jornadas laborales-, es “ineficaz” y no reconoce la realidad de una flota “que faena 24 horas al día”.
Apipes ha señalado que la solución propuesta por la Administración para cubrir esa flexibilidad horaria es una retribución de la disponibilidad de 0,74 euros brutos por hora, que la mayoría de los inspectores “no han aceptado”.
Han argumentado que esos horarios especiales implican trabajar a cualquier hora del día y de la semana y que, desde 2020, la remuneración ha bajado un 57,5 % para los que dependen de Política Territorial (de la delegaciones del Gobierno) y un 78 % para los que dependen de Agricultura.
“Estamos cansados de que la Administración abuse de nosotros y de nuestra buena voluntad”, según la convocatoria.
Los inspectores se han quejado de la “desidia” en la gestión de los riesgos laborales que corren, de la falta de formación y de problemas para disfrutar de sus descansos.
La presidenta de Apipes ha añadido que esta circunstancia provoca que haya profesionales que dejen la inspección y que no se quieran cubrir las plazas.
“Tenemos carencias en la prevención de riesgos y problemas para conseguir equipos de protección individual (EPI), no estamos en un medio seguro y estamos expuestos a accidentes graves; cualquier civil que se embarca hace un curso de prevención….todos menos nosotros; nos tienen muy dejados”, denuncia Rueda.
La inspección afecta al control de las actividades pesqueras, hay flotas, como la del atún rojo, cuya temporada se puede ver bloqueada si el trabajo inspector no se aplica con diligencia.
“El control de las campañas sigue siendo deficiente, ya que la mayoría del colectivo continúa trabajando con programaciones mensuales cerradas, lo que conlleva el incumplimiento de compromisos adquiridos con la Unión Europea (…). Tarde o temprano esto acabará pasando factura”, se lee en el manifiesto de convocatoria de la huelga. EFECOM
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