El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José María Macías ha solicitado formalmente en un escrito al presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, que con las más de 50 recusaciones que se han formulado contra los miembros de la corte de garantías en las impugnaciones a la ley de amnistía se siga el mismo procedimiento que con las abstenciones de Juan Carlos Campo, para lograr un resultado “neutro”, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
De acuerdo con el propio Constitucional, la ley de amnistía ya ha batido récord en número de recusaciones contra magistrados, un total de 54 que se reparten en un bloque de 27 contra los magistrados progresistas Conde-Pumpido, Laura Díez y Campo –con 9 cada uno– y otro bloque de otras tantas contra Macías, enmarcado en el sector conservador del TC.
Campo se apartó voluntariamente de los 20 asuntos referidos a la amnistía porque cuando fue ministro de Justicia dijo que la medida de gracia era “claramente inconstitucional” en los informes a favor de indultar a los condenados por el ‘procés’. El pasado 11 de septiembre, el TC ratificó por unanimidad su abstención en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS), el primer asunto que llegó a Pleno.
Tras ello, Conde-Pumpido decidió acumular las otras 19 abstenciones de Campo para resolverlas de una tacada en el siguiente Pleno, aplicando el criterio unánime que se adoptó con la primera, a fin de acelerar la gestión de los asuntos de la amnistía. Esta forma de proceder suscitó malestar en el ala conservadora del TC, por lo que sus cinco magistrados votaron en contra del apartamiento total de Campo el pasado 24 de septiembre.
En un voto particular, Macías denunció que hubo una composición “irregular” del Pleno, al considerar que ni él ni los otros magistrados recusados –Conde-Pumpido y Díez– debían haber participado en el debate hasta que se resolvieran las tachas formuladas contra cada uno de ellos.
De cara al próximo Pleno, cuyo inicio está previsto para el 8 de octubre, se ha desatado una nueva polémica en el seno del TC por la decisión de Conde-Pumpido –“consultados una mayoría de magistrados”, según indican fuentes del órgano– de resolver una a una las tres recusaciones pendientes en el siguiente asunto sobre la amnistía (el recurso de inconstitucionalidad del PP), y de pedir a Díez y Macías que ninguno de los tres participe en la deliberación sobre la suya.
Así, un Pleno formado por cuatro magistrados progresistas –todos menos Conde-Pumpido, Díez y Campo– y otros tantos conservadores –todos menos Macías– decidirá la próxima semana sobre la recusación contra el presidente del TC. En el siguiente Pleno, se verá la de Díez y, en cónclaves posteriores, la admisión a trámite del recurso ‘popular’ y la recusación contra Macías, por este orden, de acuerdo con las citadas fuentes.
LA ‘PAUTA CAMPO’
Algunas voces de la corte de garantías denuncian que se trata de un nuevo cambio de las reglas del juego sobre la marcha que permitirá que, si se rechaza la recusación contra Conde-Pumpido, éste participe de las deliberaciones sobre las dirigidas contra Díez y Macías. Este orden cronológico podría llevar a que los dos magistrados progresistas formen parte del Pleno que resuelva sobre su compañero conservador sin que él haya intervenido en las otras.
Precisamente esto es lo que busca evitar Macías. Según las fuentes consultadas, ha pedido a Conde-Pumpido que no se fraccione el análisis de las recusaciones para garantizar que el resultado sea “neutro”. Propone que en un mismo Pleno se resuelva una recusación de cada uno de los tres magistrados que tienen tachas pendientes –el presidente del TC, Díez y él– sin que éstos participen. Y que lo decidido se aplique en un Pleno posterior siguiendo la ‘pauta Campo’.
Frente a la petición de Macías, otras voces del TC esgrimen que, precisamente, se ha transitado hacia el modelo que el bloque conservador defendió durante el Pleno del 24 de septiembre en el que se avaló el conjunto de las abstenciones de Campo.
En cualquier caso, ambos sectores coinciden en que se trata de un problema de ‘tempo’. Mientras que la acumulación de abstenciones y recusaciones permitiría acelerar la tramitación de la amnistía, la individualización de cada incidente dilatará los procedimientos. Pese a ello, la corte de garantías confía en que en el plazo de seis meses a un año pueda sentenciar la ley.
