El presidente de la Junta de Castilla y León, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este lunes que dos años y medio después del inicio de la legislatura está donde creía que era “lo más razonable”, en referencia a un gobierno en solitario del PP con acuerdos puntuales con el resto de las formaciones políticas con representación en las Cortes.
Así se ha pronunciado Fernández Mañueco a preguntas de los periodistas este lunes en Valladolid respecto a la situación del Gobierno Castilla y León tras la ruptura de la coalición el pasado mes de julio por parte de Vox.
“Inexplicablemente, Vox salió del Gobierno de Castilla y León cumpliendo las órdenes que se le habían dado desde la Dirección Nacional de su partido y serán ellos los que tienen que dar las explicaciones a las personas de Castilla y León”, ha insistido Fernández Mañueco que ha hecho especial hincapié en que su objetivo en lo que queda de mandato es “dialogar con todos y buscar acuerdos con todos”.
El jefe del Ejecutivo ha aclarado también que PP y Vox firmaron en su día un pacto de gobierno en el que no había exigencias de una formación política ni de otra. “Fue el entendimiento de dos formaciones políticas, no era imposición de uno frente a otro ni del otro frente al uno”, ha insistido y ha asegurado que su prioridad en este momento es cumplir los compromisos que adquirió en el Debate de la Comunidad, con una mención expresa a la necesidad de responder a la “preocupación” social en materia de vivienda “y a todo aquello que sea beneficioso para Castilla y León”.
“Seguiremos avanzando en esa línea”, ha apostillado Fernández Mañueco a preguntas de los periodistas respecto al futuro de iniciativas impulsadas por Vox cuando estaba en el Gobierno en materia de concordia y de violencia intrafamiliar. “Vamos a trabajar todo aquello que sea beneficioso para Castilla y León y lo haremos viendo en cada momento qué es lo más beneficioso para Castilla y León”, ha zanjado.
Fernández Mañueco ha ratificado su “intención” y “vocación” de presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025 con el deseo que en esta ocasión se cumpla la responsabilidad estatutaria de hacerlo “en tiempo y forma” –la norma básica de convivencia de la Comunidad marca el 15 de octubre como fecha límite–.
Finalmente, ha anunciado que al primer pleno del nuevo periodo de sesiones, tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre, irá una proposición no de ley para fijar posición en el asunto de la lucha contra la financiación singular, “la quita de la deuda, cupo, concierto, trato preferente o como se le quiera denominar”, ha ironizado.
En este tema, ha vuelto a confirmar que el Gobierno de Castilla y León “dará la batalla” ante “todo tipo de privilegios” que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a sus socios y que quiebren el Estado de Derecho y rompan los principios de igualdad entre las personas y la solidaridad entre los territorios.
Preguntado sobre su postura en la reunió que ha convocado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el viernes con los ‘barones del partido’, ha explicado que se mostrará en contra de cualquier privilegio económico. “Lo que quiere hacer el Gobierno de Sánchez es robar a Castilla y León, se llame quita de deuda, se llame financiación singular, se llame cupo, trato preferente, concierto, cualquier otro privilegio fiscal”, ha reprochado.
En este punto, ha ratificado que el Gobierno de Castilla y León acudirá al Tribunal Constitucional o a otros tribunales de justicia, bien el Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en contra de cualquier privilegio económico y ha vuelto a abogar por poner encima de la mesa un modelo de financiación que no rompa la igualdad de todos los españoles.
“Nadie es más que nadie, nadie está por encima de la ley”, ha reivindicado el presidente de la Junta de Castilla y León y ha recordado que la caja común de igualdad entre las personas es “precisamente” para garantizar los servicios públicos que atienden a todas las personas en todo el territorio del país, con una mención expresa a la sanidad, a la educación, a la atención a las personas mayores o a la dependencia, “y no para sostener a Sánchez en el Gobierno de España, en La Moncloa”.
Fernández Mañueco ha confirmado finalmente que la Junta de Castilla y León presentará el día 10 el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía ante la “impunidad que Sánchez ofrece a sus socios de Gobierno”.
