Nueve congresistas del Centro Democrático y un representante del Partido Liberal fueron citados a audiencia de pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado, en medio de la denuncia que fue presentada en su contra por haber aportado a la vaca por las vías en Antioquia.
El magistrado César Palomino Cortés citó a una audiencia pública el 19 de junio para los alegatos de conclusión del proceso que se adelanta en contra de los congresistas Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín Moreno, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado.
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El despacho del magistrado ya cuenta con todas las pruebas para tomar una decisión. En el auto de citación declaró concluida la etapa probatoria y negó “por innecesarias” las demás solicitudes que habían hecho los abogados defensores de los congresistas en el proceso.
“Habiéndose recaudado el material probatorio suficiente y necesario, se dispondrá correr traslado de las pruebas obrantes en el expediente a los sujetos procesales y al Ministerio Público, conforme con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso”, señala el auto.
La denuncia presentada por Carlos Mario Patiño sostiene que los congresistas incurrieron en una inhabilidad por haber hecho aportes económicos a la vaca por Antioquia, que lanzó el gobernador Andrés Julián Rendón, como alternativa para financiar las vías 4G del departamento.
“El contrato de donación es un contrato con una entidad pública y, por tanto, se incurre en la prohibición del artículo 180-2 de la Constitución Política”, sostiene el demandante. En ese sentido, los congresistas que aportaron, podrían perder la curul, de llegar a declararse la inhabilidad.
La última audiencia que se realizó para recaudar los testimonios de las partes fue el 22 de mayo, cuando rindieron declaración los asesores jurídicos del representante Julián Peinado, quienes habían hecho un análisis previo de si la donación violaba el régimen de incompatibilidades e inhabilidades.
Johana Echeverry señaló que en su estudio analizaron excepciones en contratos públicos para los funcionarios, en los que encontraron que si estos se ejercen en las mismas condiciones a las demás personas o por obligación estatal, no constituye una inhabilidad.
“La donación se aplica como una excepción a los contratos estatales”, sostuvo la asesora, quien comparó el aporte hecho por el congresista como la compra de tiquetes por Satena o el pago de peajes. “La conclusión fue que la donación no le va a acarrear ninguna dificultad ni que es una incompatibilidad y que puede proceder a realizarla”, señaló.
Peinado, como los demás congresistas, hicieron parte de una campaña de congresistas antioqueños para invitar a un amigo a donar. La mayoría de ellos aportaron un millón de pesos, como se había propuesto, para apoyar la iniciativa del gobierno local.
Otro salvavidas que les llegó a los congresistas denunciados por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado llegó por parte de la Gobernación de Antioquia. Oscar Marín, subsecretario de Hacienda del departamento también rindió testimonio durante la audiencia.
El funcionario encargado de la tesorería sostuvo que los aportes no se pueden considerar como un contrato estatal por cuanto los recursos se encuentran en el banco y no han sido incorporados al departamento.
“No se ha aceptado la donación a absolutamente a nadie de los 15.000 ciudadanos que han aportado hasta ahora, porque estamos en este análisis y no se ha incorporado recurso alguno al presupuesto departamental. Cualquiera puede retractarse y pedir devolución”, sostuvo Marín.
El subsecretario señaló que si en el análisis de los recursos encuentran que se presentan delitos o faltas normativas por las que deban rechazar algún aporte, lo harán. Así como hasta el momento cualquier persona puede manifestar por escrito su voluntad de retractarse. “No hay ningún movimiento presupuestal de nuestro departamento porque no se ha incorporado ni un solo peso de este recaudo”, afirmó.
