El Gobierno se enfrenta al desafío de terminar más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas heredadas de la gestión de Alberto Fernández. Entre esas obras se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia, enfocados en jubilados, según fuentes del sector.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmaron que la deuda del Gobierno con las empresas es de aproximadamente $55.000 millones. Y suman un interrogante: si una vez aprobada la Ley Bases en el Senado se destrabarán fondos para cancelar esas deudas.
Con la llegada del nuevo gobierno las obras se detuvieron en todo el país, lo que provocó el cese de puestos laborales. Gustavo Weiss, titular de la Camarco, señaló que “la deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año, y hasta ahora no se pagó nada”. De ese modo, las obras de construcción de unidades en desarrollos urbanísticos de Procrear y otros planes de viviendas sociales están sin actividad.
Weiss agregó: “Esto significó, por supuesto, el despido de operarios y seguramente algún ajuste en la estructura de mensualizados, como hicimos todos. El Gobierno nos dice lo mismo a todos: No hay plata, tienen que esperar, la prioridad ahora es el ajuste fiscal. Esa es la situación de la obra pública, en particular en Procrear”.
En revisión
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.
Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, liderada por Rodrigo Aybar (quien reemplazó a Héctor Lostri cuando el área estaba en el Ministerio de Infraestructura y ahora depende directamente del Ministerio de Economía), trascendió que en este momento se están auditando los fideicomisos (Procrear, Fondo Fiduciario Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana, FISU) por parte de la Sindicatura General de la Nación.
Además, se analiza la opción de que los municipios contribuyan con fondos propios para terminar algunas viviendas pendientes, aunque todo está recién en análisis
Mientras esto ocurre, y con un presupuesto acotado, se trabajó en herramientas para incorporar a los privados y finalizar el stock de viviendas en ejecución. Aunque el presupuesto de la Secretaría de Vivienda para 2024 es de USD 374 millones, podría ser insuficiente para concluir todas las soluciones habitacionales en desarrollo.
Dado el presupuesto acotado, la secretaría está trabajando en ambos universos, en los que no sólo se considerará el avance de obra sino también el estado de la infraestructura comprometida y otros factores pertinentes.
Esta semana se publicaron las Resoluciones 361/24 y 368/24 (Reconstruir y Casa Propia), que permiten al Fondo Fiduciario Vivienda Social incorporar el cofinanciamiento. Así, los entes ejecutores podrán complementar el financiamiento del Estado Nacional con aportes particulares, privados u otras herramientas. Este fondo tiene aproximadamente 49.000 viviendas en construcción.
Beneficiarios en problemas
Los recortes fiscales afectan a 4.200 beneficiarios (número reconocido por la Secretaría que tiene bajo su órbita a la vivienda a nivel nacional) de la línea Construcción Casa Propia a través del Procrear II que fueron sorteados en junio de 2022, quienes no recibieron el segundo desembolso previsto en enero y no pudieron continuar las obras de sus hogares.
Recién entre septiembre y octubre de 2023 habían recibido (también con demora) el anticipo del 30% del préstamo, unos $3.000.000 de los $10.000.000 totales del plan, y todos los beneficiarios deben disponer de terreno propio.
Romina Nieva, de Paraná (Entre Ríos), dejó a medio construir su hogar y está preocupada porque en noviembre debería empezar a pagar por su hipoteca: “No creemos que podamos mudarnos porque, si no recibimos dinero, no podremos seguir edificando”, expresó a Infobae.
Casos como el de Nieva hay cientos en el país y muchos afectados deben seguir alquilando o renovando contratos, cuando ya podrían haber culminado su hogar y comenzar a pagar una cuota de $90.000 mensuales, ajustada por la fórmula Casa Propia (que actualiza según el ingreso salarial y no por UVA).
“Después de dos meses en los que el Banco Hipotecario (entidad fiduciaria de Procrear) nos decía que estaban demorados en las certificaciones de las fotografías para otorgarnos el primer desembolso, el argumento cambió a que, debido a la Resolución 200/2024 del Ministerio de Economía, no hay disponibilidad financiera en los fideicomisos Procrear”, explicó Nieva.
Los beneficiarios hacen reclamos al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Vivienda y al Banco Hipotecario, pero no reciben respuesta. Algunos iniciaron acciones a través de Defensa del Consumidor en sus municipios. Además, tienen varios grupos de WhatsApp para mantenerse unidos en el reclamo.
Cristian Rubia, otro afectado, apenas pudo iniciar su casa en Chimbas, San Juan. “Llegué a la altura de losa pero los albañiles no pudieron seguir porque no les puedo pagar. Sufrimos robos de materiales porque no se pudo continuar y estamos a 15 minutos del centro de San Juan”, comentó.
Al igual que otros beneficiarios, solo quiere recibir su segundo desembolso, aunque por los costos de construcción, que subieron un 289% interanual, ahora están desfasados y muchas familias están endeudadas.
En Coronel Pringles, Carolina Ocampo postergó la construcción de su hogar: “Las obras quedaron paradas, los albañiles se fueron y los presupuestos iniciales de construcción ya no son válidos. Es muy difícil terminar solo con los sueldos. La mayoría alquilamos actualmente”.
