Cientos de vecinos y vecinas del barrio madrileño de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, se han manifestado en los últimos meses contra la especulación inmobiliaria que los está expulsando de sus casas. Pero son tan solo un ejemplo de lo que ocurre en muchos otros puntos de la capital, donde según denuncia el Sindicato de Inquilinas, “más de 1.000 edificios de propiedad vertical y cerca de 21.500 personas están en peligro de desahucio y expulsión” debido fundamentalmente a las prácticas de los fondos buitre, que compran viviendas de cierta antigüedad para convertirlas en pisos turísticos o en alquiler de temporada.
“En Madrid están entrando todo tipo de fondos buitre, tanto nacionales como extranjeros y otros inversores, con el objetivo de comprar edificios enteros y echar a los inquilinos para subir los alquileres”, dice a Infobae España Pablo Pérez, portavoz del sindicato, que pone como ejemplo los cuatro edificios que recientemente ha adquirido Elix Rental Housing, el fondo buitre propiedad de la empresa AltamarCam, dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La firma, advierte, “se plantea comprar muchos más”.
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Ante la desprotección que “sufren las personas que viven de alquiler”, el sindicato de Inquilinas propone que los contratos no sean temporales, sino indefinidos, “al igual que los contratos laborales”. Se refieren así a que los contratos de alquiler solo se puedan extinguir cuando haya un “incumplimiento flagrante” como puede ser un impago y, de hecho, recuerdan que “así eran los contratos de renta antigua, de forma que permitían a la gente vivir de alquiler de forma estable y asequible, pues antes no se especulaba con la vivienda como ahora”.
“En 2019 ya conseguimos que los contratos de alquiler se ampliasen de 3 a 5 o incluso 7 años, pero aún así, pasado ese tiempo, te pueden echar. Es decir, cualquier persona que lleve más de esos años viviendo de alquiler, está en riesgo de desahucio porque basta con que no te renueven el contrato y legalmente no tenemos nada a lo que ampararnos”, denuncia Pérez.
“Frenar la avaricia de los inversores”
Por todo ello, desde el sindicato de Inquilinas hacen un llamamiento a la movilización, empezando por los barrios de Chamberí y Lavapiés, bajo el lema: “Fuera fondos buitre de los barrios de Madrid”, pues aseguran que la única solución para “frenar la avaricia de los inversores” es mediante la unión y la organización de los vecinos y vecinas. “Si los bloques se declaran en lucha, podrán ahuyentar a los buitres al mandar el mensaje claro de que piensan resistir cualquier intento de echarlos”, sostienen, al tiempo que recuerdan que algunas “victorias” contra fondos buitre como Blackstone.
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Desde el sindicato también piden la derogación de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) y de “las políticas que facilitan estas prácticas mafiosas”. “Nuestro llamado es a la unidad y acción vecinal, porque esta injusticia destroza nuestros barrios y comunidades. No es sólo una cuestión del derecho a la vivienda, es un acto de justicia social y dignidad humana”, concluyen.