Más del 40% considera que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y César Acuña (Alianza para el Progreso) son aliados del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos para Perú21.
Según dicho sondeo, la principal aliada de Boluarte es la lideresa de Fuerza Popular y acusada por el Caso Cócteles, Keiko Fujimori, con un 49%. Le siguen el gobernador regional de La Libertad y alcalde de Lima con 48% y 42%, respectivamente.
Por otro lado, la encuesta arroja que una reducida parte de la población cree que los líderes de Fuerza Popular, Renovación Popular y APP mantienen una posición de oposición al Ejecutivo. Resultados similares obtuvieron los referidos líderes políticos respecto a la opción “posición neutral ante el Ejecutivo”.
Caso contrario ocurre con el líder etnocacerista y confirmado candidato presidencial, Antauro Humala. Un 40% de la ciudadanía lo percibe como oposición al régimen de Dina Boluarte. Solo un 22% lo posiciona como supuesto aliado, mientras que un 19% cree que tiene una posición neutral.
En declaraciones a Perú21, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, aseguró que esta percepción de la ciudadanía sobre Fujimori, López Aliaga y Acuña “es perjudicial” para ellos, así como para sus partidos, debido al “desgaste del Gobierno”. Adelantó que ser considerados como aliados de Boluarte, a largo plazo, conllevaría a que no puedan ser vistos como “alternativas” en las próximas elecciones generales.
Torres cree que “se les ha pasado un poco la mano” a las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. En lo que va de gestión de Boluarte, dichas agrupaciones han protegido al Ejecutivo con sus votos, impidiendo que mociones de vacancia o pedidos para investigar a la mandataria prosperen,
“Lo que podría pasar es que estos tres políticos, conscientes de que esto no les conviene, comiencen a ponerse un poco más críticos hacia el gobierno el próximo año”, adelantó.
Boluarte denunciada ante la CPI
La presidenta Dina Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestas violaciones sistemáticas de derechos humanos. La denuncia también fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 26 de junio por Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cano afirmó que entre 2022 y 2023, el gobierno peruano, bajo el mando de Boluarte, cometió ejecuciones extrajudiciales y usó fuerzas militares y policiales para ejercer violencia desproporcionada contra manifestantes, principalmente hombres jóvenes e indígenas. En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Cano describió que estas acciones del ejecutivo continuaron durante tres meses, considerando que se cometieron delitos de lesa humanidad.
El 25 de junio, Aprodeh y FIDH presentaron un documento ante la Fiscalía de la CPI solicitando la apertura de una investigación por estos crímenes, evidenciando una ruptura del orden democrático en el país. La institucionalidad en Perú ha estado en crisis desde la aprobación y propuesta de normas que, según Cano, amparan la impunidad.
Cano alertó también sobre el intento del Congreso peruano de aprobar una ley que prescribiría delitos de lesa humanidad, equiparándola a una ley de amnistía, lo cual ha sido criticado por la Comisión contra la Desaparición Forzada de la ONU y por cuatro relatores especiales de la ONU, quienes manifestaron su preocupación por los retrocesos democráticos en el país.
