Un grupo de mujeres indígenas que habitaban el lugar conocido como La Rioja, durante los asentamientos que realizan las comunidades en Bogotá para exigir buenas condiciones para retornar a sus territorios, asegura que tuvieron que interponer una tutela al Gobierno para ser escuchadas, pues luego de un año de diálogos no han recibido respuesta.
En vista de lo ocurrido, estas mujeres pertenecientes a la comunidad embera chamí se encuentran alojadas en un lugar de paso en el centro de la ciudad, y desde allí solicitan atención por parte de las entidades gubernamentales para salvaguardar sus derechos y subsanar varias las irregularidades.
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El padre Michel Daniel Cuevas, representante legal de la fundación Predicadores de la Misericordia, asume la vocería de este grupo de mujeres y comentó para Citytv que es de suma urgencia que se les atiendan las solicitudes.
“Para nosotros fue una necesidad acudir a los tribunales de la república para exigir garantías al Gobierno nacional y distrital para estas 170 personas que viven aquí, ochenta niños y aproximadamente unas treinta mujeres. Ciertamente es muy grave la situación que vivió la Upi La Rioja. Después de un año de diálogos, un año de que el padre vaya y hable con las instituciones, no se nos escuchó”, comentó.
La situación se presento el 8 de septiembre de 2023, cuando 170 indígenas, entre ellos mujeres y niños de la comunidad embera chamí, fueron amenazados, secuestrados y sometidos a lo que sería una violación masiva por otra comunidad indígena, también alojada en La Rioja, como los embera katío.
“Casi nos violan, nos secuestran, hicieron un cierre de un salón por dos días”, dijo Luz Mery Queragama, líder de las mujeres y niños, que terminaron desplazados por las amenazas en su momento.
La situación logro ser controlada gracias a la intervención del Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo para el rescate de los miembros de la comunidad Embera Chamí.
Entidades que optaron por alojar a las mujeres y niños del pueblo indígena Embera Chamí en la fundación Predicadores de la Misericordia, mencionada anteriormente, situación que en en un principio se había estipulado que su estancia en la fundación sería de solo ocho días, estas familias han permanecido allí durante un año.
El padre Cuevas aseguró que el abandono que están viviendo podría acusar a las formas de vida de estas comunidades y al apoyo que la fundación les brinda: “No les gusta escuchar familias autosostenibles, no les gusta el proyecto que hemos llevado con ellos, pero nosotros como fundación hemos abierto las puertas y ciertamente nos han abandonado y dejado solos”. afirmó.
Finalmente, afirmó que: “hoy más que nunca hemos pedido a los tribunales que intervengan y soliciten a las instituciones mejores garantías y mejores espacios para que ellos puedan vivir y seguir creciendo y formándose en Bogotá, pues solo 12 quieren retornar al territorio pero lamentablemente nos han invisibilizado”.
Aseguran que la comunidad a la que defiende es la única que no ha salido a las calles de la ciudad a mendigar o a participar en movilizaciones que alteren el buen curso de la cotidianidad de la ciudadanía y la movilidad. Además, aseguran que por más de un año han esperado los diálogos con el estado.
Otra de las grandes solicitudes que se realizaron es el apoyo en los costos del arriendo y los servicios, pues al dueño de la vivienda en que estas personas se alojan le adeudan varios meses de arriendo y no tienen la solvencia económica para pagar, teniendo en cuenta que son una fundación sin ánimo de lucro y se mantiene con el diezmo que la comunidad a voluntad entrega.
