Luego de ser declarado culpable en marzo de 2024, el 26 de junio el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por los cargos de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico y posesión de estos mismos elementos, los cuales se registraron durante el tiempo que fue presidente del país centroamericano entre 2014 y 2022.
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Kevin Castel, juez del caso, ordenó además del tiempo en prisión, que los bienes de Hernández deberán ser decomisados y que el expresidente tendrá que pagar una multa de $8 millones de dólares, a pesar de que el exmandatario negó en varias oportunidades haber tenido comunicación con narcos de la región y aseguró que había sido acusado de manera “injusta e indebida”.
Aunque Hernández deberá pagar más de 40 años de prisión, la decisión de Castel generó molestia en la fiscalía, puesto que habían solicitado una condena de 55 años por conspirar con el cartel de Sinaloa durante su mandato, lo que permitió que los capos pudieran transportar más de 400 toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos.
Un colombiano fue clave en el caso
Luego de que se registró su captura en febrero de 2022, cuando se encontraba en una de sus viviendas en Tegucigalpa, Hernández fue enviado a Estados Unidos, a pesar de que junto a políticos que comparten ideales y posturas afirmaron que se trataba de un entrampamiento en su contra.
Sin embargo, durante el juicio fue vital el testimonio de un excapo colombiano que durante varios años fue uno de los hombres de confianza de Joaquín el Chapo Guzmán, máximo cabecilla del cartel de Sinaloa hasta su captura y que luego se convirtió en un informante.
Luis Pérez, nombre que adoptó el colombiano Alexander Monroy Murillo, del que no se conoce gran información sobre su accionar criminal ni fotografías, expuso en el juicio detalles precisos de la comunicación que tenía el Gobierno hondureño con los capos.
Uno de los primeros puntos expuestos por el colombiano fue que el cartel de Sinaloa fue crucial para que Hernández llegará al poder en 2014, asegurando que fueron entregados más de dos millones de dólares a la campaña del expresidente, que se comprometió a entregar el poder absoluto de los puertos al cartel.
Sobre la forma en que se entablaron los acuerdos, el excapo afirmó que después de las elecciones se registró una reunión con el hermano de Hernández, en la que los miembros del cartel de Sinaloa entregaron un millón más a cambio de recibir información sobre los controles de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).
Un caso que recuerda al general Noriega y Pablo Escobar
La exposición del caso hizo que en Centroamérica fuera recordado el proceso por el que Manuel Antonio Noriega, que en los 80 estuvo al mando de Panamá bajo el poder militar, y que antes de ser derrocado, en 1989, permitió que este país se convirtiera en un puerto de acceso directo para el cartel de Medellín.
La relación entre Noriega y Pablo Escobar fue tan cercana que luego de que se registró el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, varios de los cabecillas de la estructura criminal se escondieron en Panamá.
Durante ese tiempo nació la hija de Escobar y se registró el primer acercamiento del Estado colombiano con el cartel de Medellín para un posible proceso de paz, en el que a cambio de la amnistía total, Escobar ofreció pagar la deuda externa del país.
En un aspecto similar al de Hernández, el general Noriega terminó condenado a 40 años de prisión por sus nexos con el cartel de Medellín.
