Un tribunal del Sur de la Florida acaba de hacer historia al condenar a la firma Chiquita Brands por los asesinatos perpetrados por las Autodefensas de Colombia, una agrupación paramilitar que compitió con las guerrillas en actividades terroristas y tráfico de drogas.
El veredicto obliga a las empresas norteamericanas a abstenerse de financiar grupos irregulares para la protección de sus activos en cualquier lugar del mundo y abre un conducto para que aquellos sectores de la población de cualquier país del que hayan sido víctima de esos grupos soliciten una compensación a quienes los financiaron. Se inicia así un largo camino para someter al estado de derecho a sectores importantes de las élites de América Latina.
En efecto, la creación de grupos paramilitares en la región lleva más de dos siglos. A partir de los procesos de independencia casi todos los países fueron asediados por montoneras. Dada la ausencia de fuerzas del orden, la mayoría de los señores terratenientes armó ejércitos propios para la defensa personal, la de su familia y la de sus activos. Con el tiempo muchos de esos ejércitos mutaron en bandas criminales que hubo que erradicar con los ejércitos constituidos o con alianzas entre ejércitos privados. La constante mutación de estas bandas dificultó mucho el proceso de integración republicana y fue fuente de impunidad ante violaciones horrendas a los derechos humanos.
A partir del siglo XX, con la consolidación de los ejércitos modernos, las bandas armadas privadas o cimarronas se extinguieron. Pero en los años sesenta y setenta volvieron a aparecer cuando los movimientos guerrilleros comenzaron a constituirse en un obstáculo para la producción y el comercio. En la época de las grandes inversiones agrícolas foráneas que coincidieron con el amanecer del siglo XX, las élites locales se apoyaron en empresas extranjeras para fortalecer los ejércitos irregulares. Y estos, a sabiendas que sobre ellos no pesaban regulación o supervisión alguna, adoptaron los métodos de trato a la población civil que practicaba la guerrilla a la cual supuestamente combatían. Cientos de campesinos fueron torturados y ejecutados por negarse a dar información sobre el paradero de las guerrillas. La razón del silencio era sencilla. Una vez delatado el paradero de un frente guerrillero sus miembros cobrarían venganza contra el delator o sus familiares. Así, en Colombia los campesinos fueron ejecutados tanto por las Autodefensas Unidas de Colombia como por los bloques guerrilleros FARC, M19 y ELN. Igual ocurrió en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras y buena parte del Caribe Angloparlante.
Sucede ahora que la sentencia de la corte de Miami acaba de sentar un precedente según el cual, la población afectada puede solicitar reparaciones en los Estados Unidos y no será la firma Chiquita Brands la única en ser hallada culpable. Porque, a partir de esta sentencia, habrá autos para investigar sucesos ocurridos en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe durante el siglo pasado. Y por fin el brazo de la justicia llegará hasta las élites latinoamericanas porque la asociación con las firmas que pagaron a los ejércitos irregulares las hará co-conspiradoras y por tanto responsables de pagar indemnizaciones a la población victimizada.
Otro aspecto singular de la sentencia es que impide que en los futuros tratados de paz de la región se exoneren de culpa a los comandos superiores de los grupos guerrilleros que incurrieron en violaciones de derechos humanos. A ellos también les llegará la hora de confrontar la justicia, por tanto tiempo eludida bajo la premisa de que operaban por razones ideológicas. En fin, la banana de Miami no es precisamente chiquita.
