El estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao fue oficializado por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte el pasado sábado 28 de septiembre. Con esta medida, el Ejecutivo busca frenar la ola de extorsiones y recuperar el control del orden público en las calles de la capital del Perú.
La declaratoria del estado de excepción fue una respuesta al paro de transportistas urbanos de la semana pasada, el cual fue acatado por más de 60 compañías. El gremio paralizó sus operaciones ante las constantes amenazas y atentados que venían sufriendo choferes, cobradores y pasajeros.
Entre sus demandas, exigían a las autoridades mayor presencia de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en las rutas de transporte público y patrullaje permanente en las zonas de alto riesgo. Además, medidas concretas por parte del Gobierno para frenar las extorsiones e investigación exhaustiva, castigo a los responsables de los asesinatos de transportistas y derogar la ‘ley de crimen organizado’.
Sin embargo, el gobierno optó por un nuevo estado de emergencia y pedirle a Congreso de la República que debata, de manera inmediata, el proyecto de ley que modifica el código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano.
¿Se viene un nuevo paro este 3 de octubre?
Las acciones que adoptó el Ejecutivo no han logrado frenar las amenazas contra el transporte público. En los últimos días, son varias las empresas que denunciaron que las extorsiones no han cesado y que los atentados continúan.
Inclusive, en Independencia, a solo horas de que el premier Gustavo Adrianzén anunciara el estado de emergencia en Lima y Callao, delincuentes prendieron fuego a 25 buses de las compañías Corazón de Jesús y Aidé Consorcio SAC para que “se alineen” y procedan a pagar el cupo solicitado.
Ante este panorama, diversos gremios de transporte urbano se reunieron la tarde de este lunes 30 de septiembre para debatir la posibilidad de acatar un nuevo paro este jueves 3 de octubre. Tras varias horas, por unanimidad, decidieron no paralizar sus funciones.
En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, explicó que las bases acordaron darle un plazo al Ejecutivo y Legislativo para que deroguen la Ley 32108 (Ley del crimen organizado). En caso vean que su exigencia no ha sido cumplida, se vendría una huelga nacional de transportistas.
“No hay paro. Se acordó de forma unánime en la reunión de las bases que no va ha haber paro. Primero, se exigirá al gobierno que derogue la Ley 32108, de no hacerlo, recién iremos al paro nacional”, indicó Valeriano.
“Ahora, vamos a hacer la conformación del Comité de Gremios de Transportes a Nivel Nacional, con todas las organizaciones de diferentes sectores para unir fuerzas e ir a un paro nacional en caso no seamos escuchados por el Congreso”, determinó.
En cuanto al tiempo que se les brindará a las autoridades para responder a su demanda, el representante del gremio indicó que habrá nuevas reuniones en los próximos días para definir de cuánto será el plazo que se les otorgará.
Bodegueros apoyarían un nuevo paro
En caso los gremios de transporte urbano acaten un nuevo paro en Lima Metropolitana y Callao, desde la Asociación de Bodegueros del Perú decidieron solidarizarse con la causa. Su presidente, Andrés Choy, confirmó que apoyarán la medida, al igual que todas aquellas que “ayuden a expresar lo que padecemos todos los días”.
“(El cierre de las bodegas) se está evaluando al interior de los Presidentes Zonales, todavía no hay nada claro en la forma de acción, sólo nuestra solidaridad”, manifestó el titular de la asociación a Infobae Perú.
Consultado por sus expectativas ante un nuevo estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte, Choy se mostró inconforme ya que es una medida recurrente que no ha contribuido en frenar la ola de violencia que aterroriza a los bodegueros.
“No funciona. Es un formalismo, para decir que están haciendo algo. Debe haber un trabajo conjunto entre la Policía, Fiscalía y Poder Judicial para que no suelten a los delincuentes y que el Congreso ponga las leyes contra la delincuencia y no las elimine”, aseveró.
