El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, alcanzó un acuerdo con los gremios docentes y anunció un aumento salarial, pero fracasó la negociación con los delegados de la policía local para descomprimir el conflicto policial, una protesta que mantiene en vilo a toda la provincia y a la que hoy se sumó personal de salud, que sacó de servicio ambulancias de emergencias y las llevó al piquete.
Al respecto, Ramón Amarilla, vocero policial de Misiones, aseguró que “la propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”.
Asimismo, resaltó que “acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”.
A su vez, Amarilla anticipó cuáles serán los próximos pasos en el conflicto: “Seguimos con el acampe y, lamentablemente, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, y agregó que “las negociaciones siempre estuvieron cortadas, nosotros tuvimos que estar ochos días ahí para que nos atiendan. No hay voluntad política. Este gobernador, en su momento, también había destruído la mesa de diálogo. No quieren escuchar la verdad”.
Luego del subibaja del domingo, el conflicto planteado por una porción del personal policial, impulsado por retirados y acompañado por familiares, entró en zona de definiciones. Esta mañana hubo contactos entre los líderes de la protesta y funcionarios provinciales. Acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía. Las charlas se retomarán luego del anuncio de incremento de haberes que hará Passalacqua.
El Gobierno había anticipado la semana pasada que la recomposición salarial para todo el sector público se concretaría este lunes. Pero, en el interín, estalló la revuelta de una facción de uniformados. La movida, motorizada por un grupo de dirigentes retirados de la fuerza, arrastró principalmente a suboficiales, personal que tiene sus estudios secundarios e incluso primarios incompletos. Se sumaron también algunos docentes. Y beneficiarios de planes sociales nacionales que fueron dados de baja.
En los últimos minutos se conocieron del acuerdo alcanzado con los docentes. El salario mínimo pasará de 265 mil pesos a 400 mil pesos, para maestros de primaria y sin antiguedad. Desde el gobierno, además, informaron que docentes de secundaria “llegarán al millón de pesos”.
“Es del 27% en promedio. Lo mismo se ofreció a otros escalafones, sobre todo en salud, donde se espera acordar y en la policía, que es el sector más renuente a acordar”, agregaron desde el ejecutivo provincial.
Una vez que se concrete al anuncio para todos los sectores, las reacciones posibles serán dos. O los manifestantes levantan la protesta conformes con la suba. O, por el contrario, el conflicto se profundiza por el descontento ante la mejora propuesta por las autoridades.
En el seno del Gobierno misionero hay preocupación, y hasta cierto temor, de que esta última alternativa sea la más factible. Observan que en las últimas horas se ha acercado más gente de otros sectores a la sede del Comando Radioeléctrico, foco del conflicto desde el viernes.
Dentro de los grupos que se han plegado al levantamiento está una fracción de la salud provincial. Empleados de esa repartición sacaron de servicio cinco ambulancias del servicio de emergencias 107 (que cumple una función similar a la del SAME en Buenos Aires). Y llevaron las unidades al piquete.
Gran parte de la sociedad misionera, incluso los que simpatizan con los manifestantes, ven con preocupación esta maniobra que vulnera bienes del Estado. Observan que va más allá de la puja salarial con la administración de Passalacqua. Algo similar ocurrió con la difusión de videos de personal policial encapuchado actuando en la noche para retirar móviles de la fuerza.
Por otro lado, las autoridades públicas han definido correr del primer plano de la escena a las fuerzas federales. La intervención del domingo no tuvo los resultados esperados. Y alteró más la paz social, evalúan en el Gobierno. En un primer momento, la intención del Ministerio de Seguridad de la Nación era que los efectivos de Gendarmería y Prefectura desplegados no entren en el “cuerpo a cuerpo”, sino que se mantengan en posiciones de apoyo a la Policía provincial.
Pero el viernes el magistrado que interviene en el hecho, Ricardo Walter Balor (titular del juzgado provincial de Instrucción N° 6), ordenó tanto a la fuerza policial como a Gendarmería apostada en Misiones que procesa al desalojo del Comando. Ante una orden judicial, las decisiones políticas quedaron en un segundo plano.
Replegar a los efectivos federales sería, ahora, una maniobra para no complicar más la paz social en la provincia, comentaron en el Gobierno provincial. No quieren forzar situaciones de quiebre de la convivencia. Es que cuando el conflicto se agote, más tarde o más temprano, deberán seguir coexistiendo en una comunidad chica donde todos, de una manera u otra, se conocen.
