El nuevo borrador de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia propone cambios en el impuesto del 4×1.000, aumentando su tasa al 5×1.000.
Esta modificación, según el documento, tiene como objetivo asegurar nuevos recursos para aumentar el recaudo y cubrir el presupuesto del próximo año, reveló Valora Analitik tras acceder al proyecto.
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Específicamente, la reforma sugiere que el incremento al 5×1.000 se implemente a partir del año 2025, después de lo cual el impuesto volvería a ser del 4×1.000 en todos los movimientos financieros. Sin embargo, la disposición también respeta lo establecido en la anterior reforma tributaria, que elimina este gravamen para las cuentas con transacciones inferiores a $16,4 millones mensuales desde diciembre de 2024.
El enfoque del impuesto conocido como 4×1.000, que grava las transacciones financieras, ha sido motivo de amplio debate. Gremios como Asobancaria han expresado que, aunque dichos impuestos son necesarios para el Estado, los bancos solo se encargan de recolectarlos, por lo que sería recomendable una revisión. Analistas económicos locales han señalado que este tipo de impuesto podría crear una traba para que más ciudadanos decidan introducir sus ahorros en el sistema financiero.
El Gobierno de Petro espera socializar los cambios propuestos en los próximos días. La realidad es que la implementación de un 5×1.000 puede resultar en mayor oposición de diversos sectores, considerando que puede percibirse como un obstáculo para la inclusión financiera y un desincentivo para los usuarios del sistema bancario.
Los ingresos derivados del 4×1.000 han jugado un rol crucial en el financiamiento del presupuesto nacional en años anteriores. No obstante, el persistente debate sobre su efectividad y equitatividad continúa. Según el Gobierno, el ajuste a un 5×1.000 es una medida temporal y se prevé que traiga un aumento en los recursos disponibles para el financiamiento de proyectos sociales y económicos esenciales.
Además, según el mismo medio de comunicación se planea disminuir de manera gradual la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas pasando del 35% al 30% en un plazo de 5 años que iniciaría en el año 2025 bajándolo al 34%.
Asimismo, el Gobierno buscará incrementar la tasa mínima de tributación para las personas jurídicas en Colombia desde el 15% actual hasta el 20%. Sumado a lo anterior, la propuesta plantea subir la tarifa única sobre las ganancias ocasionales que reporten las sociedades anónimas y las sociedades limitadas del 15% al 20%.
Luego de conocerse un posible aumento del 4 al 5×1000, las críticas al Gobierno no se hicieron esperar, razón por la cual el Ministerio de Hacienda anunció que, a la fecha, “no tiene ningún documento oficial sobre la reforma tributaria y aseguró que “cualquier información que circule en medios de comunicación y en redes sociales no es veraz”
La historia del 4×1000
En Colombia, un debate se ha reavivado en torno al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4×1000, un impuesto que se aplica a las transacciones financieras en el país. Este gravamen consiste en que por cada mil pesos ingresados o retirados de una cuenta bancaria, cuatro pesos van a las arcas del Estado.
El impuesto, que vio la luz en 1998 durante la presidencia de Andrés Pastrana, surgió como una respuesta a la crisis económica de la época, con el objetivo de generar ingresos adicionales para la nación. Aunque fue diseñado como una medida temporal, su vigencia se ha extendido a más de dos décadas, transformándose en una importante fuente de financiación para programas gubernamentales.
Uno de los usos principales del 4×1000 ha sido el financiamiento de programas de seguridad, salud y asistencia social. Sin embargo, este impuesto no ha estado exento de controversias. Críticos señalan que, a pesar de su eficacia recaudatoria, el impuesto provoca distorsiones económicas al incentivar el uso de efectivo sobre las transacciones bancarias, generando una desincentivación del uso del sistema financiero. Además, afecta directamente la liquidez de personas y empresas, encareciendo las operaciones financieras.
La permanencia de este gravamen, que se suponía iba a ser removido una vez superada la crisis económica para la cual fue creado, ha generado numerosas críticas y llamados a su eliminación. Según una propuesta del 2021 en el Congreso colombiano, se tenia previsto discutir una reducción progresiva del impuesto en los próximos tres años hasta su eventual desaparición en 2025. Ese plan incluía tarifas reducidas de 3×1000 en 2023, 2×1000 en 2024, y 1×1000 en 2025, con el objetivo de disminuir paulatinamente la carga tributaria. Sin embargo, con esta nueva propuesta, ese proyecto seguirá en veremos.