El Gobierno continúa, en un doble movimiento, el proceso de desprendimiento de una serie de proyectos de obra pública que no tiene planificado financiar con el presupuesto público en el marco del ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero, una meta que acaba de definir como “innegociable” en las últimas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El sector sopesa el costo de ese recorte, asegura que el año está perdido y estima que la interrupción de proyectos podría implicar la pérdida de USD 6.000 millones de inversión realizada.
Por un lado, el Poder Ejecutivo amplió la lista de las provincias con las que firmó convenios para el “traspaso” de obras, lo que implica que el financiamiento dejará de depender del Tesoro nacional sino que pasará a estar bajo la órbita de los gobernadores. Es una iniciativa que fue bienvenida entre las empresas del sector, que aseguran que no implica una ruptura de contratos y que ese entrega de jurisdicción podría dar continuidad a proyectos que de otra forma hubiesen quedado frenados.
Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que se trata, por el momento, de un grupo de 850 obras públicas que la Nación dejará de fondear -o de tener obligación de financiar- y que pasarán a ser responsabilidad de los gobernadores. Este martes pasaron por Casa de Gobierno los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, que firmaron convenios con el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
“Nación transferirá a cada provincia diversas obras hídricas, de construcción o ampliación de edificios escolares y de vivienda, que serán continuadas por las administraciones provinciales. Por otra parte, el Gobierno nacional se comprometió a ejecutar otro conjunto de obras estratégicas con alto grado de avance”, indicaron desde Jefatura de Gabinete. Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán ya habían rubricado acuerdos de este tipo.
Este martes se conoció, a través de una resolución en el Boletín Oficial, que el Ministerio de Economía -que tiene en su cartera a la Secretaría de Obras Públicas- busca terminar con el programa Argentina Hace, un plan de obras pequeñas (obras de agua, saneamiento, conectividad urbana; de equipamiento para jardines, clubes barriales, centros de atención a la mujer y de atención primaria de la salud; trabajos de infraestructura para rutas, vías de acceso y señalización; y de renovación de calzadas, colocación de mobiliario urbano, iluminación y construcción de veredas) que financia la Nación.
En ese marco, el Palacio de Hacienda planteó que ese programa se dará de baja de manera paulatina en los próximos meses, de acuerdo al grado de avance que tiene cada proyecto. No habrá más fondeo desde el Tesoro nacional. Hay una ventana para que algunos proyectos puedan continuar en caso de que los trabajos ya tuvieran cierta ejecución. Si está próxima a finalizar, habrá cuatro meses de plazo para que se concluya.
En otros casos con avances más lentos, sin plata desde Economía, cada gobernación deberá decidir si continuará financiándola con fondos propios o conseguirá crédito de otro tipo para concluir la obra. Un punto adicional es que Hacienda quiere analizar si existieron “incumplimientos”, entendidos como fondos transferidos y no ejecutados o rendidos. Si el equipo de Luis Caputo -el secretario de Obras Públicas es Luis Enrique Giovine– lo detectara, la Nación anticipó que rescindirían esos convenios y exigirían a los gobernadores la devolución de los fondos. Ante una consulta de Infobae, fuentes oficiales no especificaron a cuánto ascendería el presupuesto en cuestión.
El sector mira con pesimismo lo que resta del año, en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal sobre la inversión pública directa que hace el Gobierno nacional pero también los recortes a las transferencias de capital de las provincias. Ante empresarios, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss, estimó, en una cuenta de trazo grueso, que la paralización de obras echaría a perder unos USD 6.000 millones hundidos de inversión.
Camarco se prepara, la semana que viene, para celebrar su convención anual en La Rural, en un contexto difícil para el sector. Weiss reiteró en distintas ocasiones que el 2024 ya “está perdido” para la construcción y estimó que se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo y que podrían ser más. La entidad empresaria recibirá el próximo, entre otros funcionarios, al ministro Caputo y al secretario Giovine, junto a gobernadores.
El ahogo financiero de Nación a provincias, que incluye los envíos de capital, fue recogido en un análisis apartado que hizo el Fondo Monetario Internacional en el último informe de staff técnico que publicó este lunes. El organismo estimó que el consolidado provincial terminó el 2023 en situación de equilibrio fiscal, situación que comparó con 2019 (déficit conjunto de 0,6% del PBI) y 2015 (rojo de 0,9% del PBI).
“Los ingresos provinciales ya han disminuido drásticamente en términos reales, incluso como resultado de la reducción de los ingresos coparticipados (un descenso del 17% interanual en los primeros cuatro meses de 2024) debido a la recesión y la decisión anterior de aumentar el piso de Ganancias; y recortes en las transferencias provinciales discrecionales y para fines específicos (una caída del 76%)”, señaló el documento del FMI.
“Mientras tanto, los ingresos propios provinciales también se están viendo afectados negativamente por la recesión, y el gasto provincial se está ajustando proporcionalmente (en ausencia de acceso a los mercados)”, mencionaron los técnicos. Y en ese sentido, trazó como panorama, que “el alcance del ajuste del gasto puede diferir entre provincias”.
“Probablemente las provincias más pobres con capacidad limitada de movilización de ingresos (y por lo tanto más dependientes de transferencias federales) podrían terminar ajustando más, mientras que las provincias más ricas, incluidas aquellas que dependen de regalías mineras, podrían necesitar ajustarse menos”, analizó.
Y concluyó que “son necesarios esfuerzos para mejorar la calidad del ajuste ampliando los impuestos coparticipados (reformando Ganancias y reduciendo los gastos tributarios). Esto también ayudaría a evitar recortes en el gasto esencial a nivel provincial y mitigar el riesgo de financiamiento disruptivo (es decir, atrasos o cuasimonedas)”. Una provincia ya incurrió en los dos casos: La Rioja defaulteó su deuda en dólares que intenta reestructurar y emitió el Bocade, o “Chacho”, la cuasimoneda provincial.
