El 5 de agosto de 2024, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, una de las principales opositoras al proyecto de ley de reforma a la salud del Gobierno Petro, propuso una iniciativa integral para mejorar el sistema en Colombia, creado por la Ley 100 de 1993.
La propuesta radicada tiene como objetivo central, además de garantizar el acceso al derecho fundamental a la salud, adoptar medidas para fortalecer el sistema, preservando lo positivo y protegiendo su continuidad y efectividad. En ese sentido, la senadora Valencia señaló en su cuenta de X que el sistema de salud colombiano es “susceptible de muchas mejoras, pero es un buen sistema”.
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El proyecto, que fue presentado por 20 congresistas de oposición e impulsa la congresista, cuenta con seis puntos centrales para abordar las deficiencias actuales del sistema de salud colombiano: la libertad de elección que garantiza a los colombianos decidir entre servicios de salud públicos o privados. Esta medida busca que los pacientes decidan a que Entidad Promotora de Salud (EPS) quieren estar afiliados.
En cuanto al giro directo condicional, el texto de ley indica que este solo se verá aplicado cuando las EPS no realicen sus pagos en los plazos establecidos, mientras que las entidades que paguen con normalidad podrán seguir manejando los recursos financieros, manteniendo el proceso actual de auditorias, que controlan las propias entidades.
“El mecanismo de giro directo se aplicará a las EPS que no cumplan las normas de habilitación financiera, o se encuentren en medidas de vigilancia especial, intervenidas o en liquidación”, se puede leer en el texto.
Sobre las condiciones laborales del personal de la salud, una de las propuestas más destacadas es la implementación de un salario mínimo para médicos y enfermeras. De esta manera, se pretende mejorar la estabilidad laboral del talento humano y establecer garantías para que reciban una remuneración acorde a sus labores.
“Una de las crisis del sistema es como han venido esclavizando a las enfermeras, ya los médicos que les pagan a través de sindicatos que les descuentan y que nos les dan ni estabilidad laboral, ni salarios justos”, indicó la congresista.
El proyecto de ley también contempla la diferenciación de pagos, es decir, realizar un ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este dependerá de las necesidades de los pacientes afiliados a cada EPS con el fin de erradicar cualquier tipo de discriminación contra usuarios con enfermedades graves, raras o a adultos mayores que requieren tratamientos de manera constante.
Con esta propuesta se espera distribuir los recursos de manera equitativa y basado en los requisitos de cada paciente, explicó la senadora Valencia. Otro de los ejes del proyecto de ley es el régimen especial para las regiones más alejadas y de difícil acceso del país, donde los servicios de salud son limitados, para estas regiones se plantea crear un régimen diferencial, que incluya subsidios estatales, además de fomentar la telemedicina.
De este modo, la propuesta pretende garantizar “una atención médica adecuada y oportuna en regiones donde los servicios de salud son limitados”, dijo la senadora Paloma Valencia.
A la vez, la iniciativa del colectivo Centro Democrático, contempla el diseño de redes de servicio, que consiste en que las EPS diseñen y promuevan un sistema de atención integral. Este enfoque busca no dejar el servicio solo en las citas médicas aisladas, sino que se logre ofrecer una atención continua y coordinada que tengan en consideración todas las necesidades de los usuarios.
En sus declaraciones al presentar el nuevo proyecto de ley, la senadora enfatizó en la necesidad de una reforma que no desmantele el sistema existente, sino que lo potencie.
