En el marco de la investigación que dirige la fiscal Delia Espinoza, el Poder Judicial otorgó permiso para que se le entreguen copias de documentos clave, incluyendo las actas de registro y allanamiento, de la operación denominada ‘Valkiria V’. Dicho operativo, ejecutado en noviembre del año anterior, está relacionado con Albel Hurtado y culminó con la detención de Jaime Villanueva, ambos entonces asesores de la suspendida Patricia Benavides.
De esta manera, la documentación será remitida por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) a la fiscalía suprema anticorrupción, que se encarga de la investigación del caso que involucra a Benavides e implica a fiscales y congresistas.
La resolución a la que accedió Infobae Perú, firmada por el juez Raúl Justiniano Romero del 8° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, permitirá el envío de 17 documentos relacionados con Hurtado, quien está acusado por el Ministerio Público de formar parte de la supuesta organización criminal dirigida por Benavides.
Dicha documentación incluye actas de allanamiento y registro llevadas a cabo en la residencia y oficina de Hurtado el 27 de noviembre de 2023, así como registro vehicular, personal y de dispositivos electrónicos como celulares, USB, y discos duros externos.
Según información del caso, en la oficina de Hurtado se encontró datos sobre los procesos disciplinarios a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, que podrían haber sido usados en intentos de desacreditarla previo a la operación ‘Valkiria V’.
“Documento de índole reservado no deberían estar en poder de los asesores de la Fiscalía de la Nación, por cuanto únicamente puede tramitarse su expedición por la propia magistrada o, en su defecto, de carácter formal mediante secretaría general”, precisa el papel.
Como se recuerda, Abel Hurtado fue detenido de manera preliminar el pasado martes 23 de abril como parte de la investigación del Eficcop. Está señalado de ser uno de los 25 miembros de la red liderada por Benavides, actuando como un presunto “operador” en intentos de influir de manera ilícita en las decisiones de ciertos congresistas para obtener beneficios, siguiendo las directrices de la fiscal suspendida.
“Habría participado en proyectos delictivos para influenciar ilícitamente en las decisiones de sendos congresistas en procedimientos constitucionales y así obtener beneficios particulares, cumpliendo a cabalidad encargos y mandados de la propia fiscal de la Nación”, se refiere en el documento judicial que autorizó su detención.
