En medio de las dificultades en materia de seguridad que azotan a Cali, el Valle del Cauca y, en general, al suroccidente colombiano, se llevará a cabo en la ciudad del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024, más conocida como COP16: un evento que, sin lugar a duda, tendrá a Colombia como epicentro de las discusiones y negociaciones en materia ambiental, con la presencia de líderes de todo el planeta.
Para la realización de esta cumbre, la capital vallecaucana ha sido prácticamente blindada por las autoridades locales y nacionales, con el fin de garantizar el orden público en la ciudad; pese a la influencia de bandas criminales que operan en la ciudad y el departamento, y la constante amenaza por el accionar de estructuras como las disicdencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, que se han encargado de sembrar el terror en la región.
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A los 6.000 efectivos policiales que hay en la ciudad, llegarán al menos 4.000 más; por lo que serán en total 10.000 agentes encargados de vigilar la ciudad, con el apoyo del Ejército Nacional y otras dependencias.
Sobre el particular, Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, habló con Infobae Colombia acerca de cómo percibe él, como representante del Ministerio Público, las medidas que se han tomado de cara de este encuentro mundial. Y, a la par de lamentar que entes locales como el que él comanda no fueron tenidos en cuenta en las mesas técnicas, espera que el reforzamiento en la fuerza pública y demás determinaciones se mantengan luego de la COP16.
Infobae Colombia: ¿Qué expectativas genera para ustedes que Cali sea sede de la COP16, teniendo en cuenta que es un evento de alcance mundial y para el que se han tomado medidas especiales?
Gerardo Mendoza Castrillón: entendemos como Personería que la COP16 no es de Cali sino de Colombia. Cali es solamente la ventana ante el mundo. Es muy importante ser la sede de una cumbre vital en materia de medio ambiente y de biodiversidad, por eso hemos estado muy vigilantes de la actuación que se adelanta desde el Ministerio Público, articulados con el gobierno local, en este caso, la Alcaldía y la Gobernación.
Es bien sabido que las personerías, como las corporaciones autónomas, no participamos de las preparatorias de la COP16. Y eso fue objeto de reclamación por parte de la Asociación de Personeros del Valle, el no haber sido tenida en cuenta, pese a la competencia natural otorgada por por la ley, pues le brinda a estos organismos participar directamente y, sobre todo, articularse.
Esperamos que la COP16 cumpla a cabalidad con el propósito para el cual tiene como sede Cali. Haremos el acompañamiento y tendremos los mejores deseos, siempre reclamando la seguridad necesaria. Porque no es un secreto que Cali en meses atrás estuvo muy amenazada por grupos al margen de la ley y se encuentra blindada. El presidente anunció, tiempo atrás, lo que era la zona candado para Cali y eso es motivo de relevancia, ya que brinda todas las garantías necesarias.
Veo también que se está combatiendo enormemente la minería ilegal y eso resulta muy importante, en la medida en que no podemos ser la sede de la COP16 con problemas, precisamente, que atentan contra el planeta, la biodiversidad y el medio ambiente. Por eso, en gran momento, el Batallón de Alta Montaña -cumpliendo a cabalidad con su misión- y también la Policía y el Ejército han desarticulado cualquier intento o situación que frente a la minería legal viene desarrollándose, en especial en los Farallones y más allá.
El problema ambiental que ellos generan con el uso de mercurio, contaminando ríos tan importantes que nacen en esta zona como el río Cali y Meléndez. En ese orden de ideas, lo que he venido reclamando como personería es la seguridad, pero no solamente para el evento, sino que Cali y el suroccidente colombiano brinden toda la seguridad necesaria antes durante y después de la COP16.
Eso da esa sensación y esa percepción de seguridad entre la ciudadanía, pero eso no puede ser solamente por una situación coyuntural. Cali y el suroccidente de Colombia reclaman seguridad, porque si se fragmenta el problema que se vive en la región, simplemente se está fragmentando un problema con repercusión nacional.
Ya llegará el momento en que este evento, que va a promocionar la biodiversidad colombiana, nos permita como colombianos sacarle provecho. Porque la COP 16 no puede pasar por Colombia sin dejarnos nada. Esa es la gran consigna: algo tiene que dejar, al menos espacios de discusión abierta.
(ERNESTO GUZMAN JR/)
Infobae Colombia: ¿Cómo es la relación con el alcalde Alejandro Éder para abordar esos temas que no solo inquietan a la Personería, sino también a los ciuidadanos?
Gerardo Mendoza Castrillón: el alcalde es un hombre con grandes intenciones. Es un hombre en el que yo advierto el compromiso. Su equipo de Gobierno va en ese camino precisamente y se lo he dicho a él: su equipo debe responder a su dinámica de gestión. El alcalde viene articulándose muy bien con el Ministerio de Medio Ambiente y de Defensa, también con la Policía Nacional, todo para -precisamente- blindar la ciudad y también a la periferia.
Vimos en su momento los atentados en Jamundí y en Dagua, también en Pradera. Es decir, toda la periferia afectada en gran parte. Entonces, se ha venido haciendo un esfuerzo muy significativo de las Fuerzas Militares y de Policía, para también no solamente tener brindada Cali si no todo lo que significa sus alrededores. Y eso es algo que tengo que destacar como personero. Pero insisto: que la seguridad no solamente puede ser por la COP16.
El suroccidente colombiano y Cali, es un punto geográfico importante y un corredor de la problemática de migración, golpeada por el conflicto armado. Merecemos estar en tranquilidad, una ciudad segura y, en la medida en que los occidente de Colombia es una zona completamente segura, pues ya es un avance significativo frente a las expectativas del país por consolidar la paz.
Infobae Colombia: ¿Qué otras preocupaciones llegan a su despacho por parte de los caleños?
Gerardo Mendoza Castrillón: los ciudadanos se están quejando mucho de varias situaciones. Hay un problema coyuntural y es la salud. No es ajena a la crisis que se está viviendo y por lo tanto, como personero, estamos mediando para que las EPS cumplan con su propósito, en este caso, frente al suministro de medicamentos, autorización de exámenes.
Otro problema es el hacinamiento en las estaciones de policía, que está alrededor de 774%. Hace dos meses estábamos en el 700% y hoy crecimos en esa cifra. Es escalofriante, pues priva a los detenidos de sus derechos fundamentales, por lo que interpusimos una acción de tutela que salió a favor y que ordena al Inpec y a las demás entidades accionadas a que procedan con la reubicación y, sobre todo, a llevar a cabo jornadas de salud en estos espacios transitorios, que se volvieron permanentes.
La atención médica resulta indispensable, porque hay personas privadas de la libertad con tuberculosis, sida y varicela. Otras enfrentan problemas de salud mental y toda esa situación no solamente afecta a los demás internos, sino al cuerpo de custodia, que está llamado -precisamente- para otros ministerios, pero tiene que estar atendiendo a población privada de la libertad porque efectivamente se han quedado cortos los centros carcelarios, tanto en Cali como en todo el país.
No lo niego, pero faltan resultados mediáticos. Sí, se necesitan crear pabellones, pues el Estado va a tener que invertir en crearlos, pero la perspectiva de la Personería va enfocada en políticas preventivas del delito e invertir en lo social. Bienvenida la infraestructura: no estoy en contra del desarrollo, pero si es necesario hacer un trabajo en el corto, mediano y largo plazo; ir a los niños, niñas y adolescentes y tener ayuda profesional cuando se ponga en peligro su estabilidad emocional.
Y, por último, en medio de otros inconvenientes, la contaminación del río Cauca también está haciendo objeto de análisis y vigilancia por parte de la Personería y Chiminangos: un sector habitacional y y residencial en el nororiente de Cali, presenta una amenaza de ruina. Una acción de tutela ordenó directamente al distrito a realizar el estudio socioeconómico, adelantar un estudio de suelo y reubicar a las personas. Mientras tanto, se deberá proveer el subsidio de arrendamiento.
Infobae Colombia: teme usted que, en el caso de que no sean atendidas estas demandas, ¿Cali sea foco de un nuevo estallido social?
Gerardo Mendoza Castrillón: pues Cali es una ciudad muy fragmentada. Considero que no hay una réplica más significativa de Colombia que esta ciudad. Es una en la que hay lucha de pensamientos, de clases y ese es el propósito de esta Personería y de un Gobierno que quiere unir y reconciliar nuevamente. Por eso le apuesto a los diálogos sociales para la reconciliación y la tolerancia, importante para vivir en comunidad.
En la medida en que se logra este objetivo, pues avanzamos en la meta de unir a la ciudad. De limar asperezas y poder convivir aún en medio de las diferencias, eso resulta ser vital. Es una situación que no solamente va en ese planteamiento directo para Cali, sino también para Colombia. Se lo he dicho al alcalde: el diálogo social es una alternativa que enarbola, protege y salvaguarda los derechos, y permite que como ciudadanos nos escuchemos para integrarnos en medio de las diferencias.
Así evitaremos un nuevo estallido social. Pero mientras los rencores existan, mientras no se conozca la verdad del estallido social (de 2021), porque hay mucho que falta por esclarecer, no se progresará. Por eso los diálogos sociales son importantes, pues lleva a la a la verdad. Y una verdad permite, precisamente, ser elemento reparador. No puedo negar que hay víctimas en el oriente de Cali, la Primera Línea y demás derivados poblaciones; pero, también, hay otro fragmento de víctimas que no la puedes conocer: los comerciantes que fueron saqueados y algunos miembros de la fuerza pública.
Pero es acercando las partes. En la medida en que eso suceda, los niveles de tolerancia y de comprensión serán mejores y, se podrá vivir en comunidad.
