Un informe reservado de la Policía Nacional (PNP) ha revelado que la institución planea construir una cárcel exclusiva a policías que cometan o hayan cometido delitos de función. Según un reportaje difundido este domingo por Punto Final, el centro penitenciario se ubicaría dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).
Esta unidad especializada, que actualmente alberga a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022), sería adaptada para recibir a los efectivos policiales que hayan incurrido en delitos funcionales. De acuerdo con el dominical, el informe de 17 páginas fue elaborado en marzo de este año por el comandante Luis Castellares Matamoros, de la División de Seguridad y Penales, cuyo sobrino está preso por desaparición forzada.
El documento ofrece un sustento técnico y legal a una pretensión que la PNP ha mantenido desde hace tiempo y expone la preocupación institucional ante la posibilidad de que decenas de sus agentes sean recluidos por la represión durante las protestas antigubernamentales, que dejaron 49 muertos.
“Existe una alta probabilidad de que, en un futuro próximo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen medidas excepcionales que limiten la libertad del personal policial que estuvieron a cargo de las operaciones policiales para restablecer el orden interno en el país como respuesta a las protestas sociales surgidas tras la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo en los años 2022-2023″, se lee en parte del texto.
Según el Ministerio Público, 154 miembros de la PNP y del ejército están procesados por las muertes ocurridas durante las protestas. La presidenta Dina Boluarte enfrenta una denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves.
A julio de 2023, la población penitenciaria en Perú era de 93,147 internos, lo que demuestra una sobrepoblación de 52,128 internos. Dentro de esta cifra, 758 son policías: 367 procesados y 391 ya sentenciados. La mayor parte de estos efectivos, 70 en total, se encuentran en el penal de Lurigancho por delitos comunes como cohecho pasivo propio, robo agravado, promoción o favorecimiento al tráfico de drogas, y pertenencia a una organización criminal, entre otros.
De los policías presos, solo 6 están recluidos por delitos contra la humanidad, como tortura o desaparición forzada. Estos seis serían candidatos para ser trasladados al penal exclusivo de la Diroes. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) respondió al dominical que no está al tanto de la propuesta contenida en el informe.
Para el exjefe de la entidad, Leonardo Caparrós, la iniciativa sería viable, pero tiene un reparo. “Lo importante aquí es que no pase lo que pasa en el penal Virgen de las Mercedes, donde el INPE casi no tiene manejo. (…) Cada penal debe tener un director, un subdirector, así sean 4 (los reclusos), personal de seguridad”, declaró.
Desde el mes pasado, el documento está en manos del jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio de Justicia. En su mensaje a la Nación en julio de 2023, Boluarte anunció la destinación de S/ 300 millones para la construcción de nuevos penales y señaló el objetivo de invertir S/ 1,630 millones en centros de reclusión para el final de su mandato.
En febrero pasado, el expremier Alberto Otárola mencionó que el gobierno aspira a replicar el modelo de prisiones de El Salvador, calificando su infraestructura de “adecuada, moderna y eficiente” pese a las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Crisis en PNP
Actualmente, la institución atraviesa una profunda crisis debido a las numerosas denuncias que involucran a sus miembros, principalmente por corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), presentado por la Contraloría, revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.
Entre 2018 y 2023, un total de 23,824 oficiales fueron retirados por faltas muy graves, lo que equivale a un promedio de 11 pases al retiro por día. Además, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por diversas infracciones, la más común es la MG-39, consistente en faltar más de cinco días sin causa justificada.
Solo el lunes pasado, la Corte de Lima Norte impuso 6 años y 8 meses de prisión a los efectivos Christian Patiño Arrieta y Celestino Enciso Quispe. Otros dos uniformados también fueron sentenciados: Luis Alberto Marmolejo Fernández a 6 años y 4 meses de prisión, y Juan Presbítero Marchena Cabada a 5 años y 4 meses de cárcel.
Además, el Ministerio Público abrió una investigación por cohecho pasivo propiocontra el alférez Franco Arias Jiménez, acusado de exigir una coima de S/ 2,000 a la madre de un detenido por tenencia de estupefacientes. Por este caso, el primer despacho de la Fiscalía Anticorrupción intervino la oficina de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) en San Martín de Porres.
