Una nueva controversia agita las filas de la Policía Nacional del Perú (PNP), esta vez enfocada en la sanción a un oficial de tránsito por cumplir con su deber. En este episodio, el agente policial se ve enfrentado a represalias después de intervenir a un coronel durante un operativo llevado a cabo el 28 de abril a las 7:00 de la mañana.
El protagonista de este episodio es el coronel PNP Raúl Alberto Romaní Puma, quien fue abordado por el suboficial de primera Alex Oblitas en el cruce de la Av. México con la Av. Palermo, en el distrito de La Victoria. La intervención se debió a que el coronel conducía su vehículo sin el cinturón de seguridad debidamente colocado, según el informe presentado en Panamericana Televisión.
Tras detener al coronel, quien ostenta el cargo de jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Inspectoría, fue trasladado a la comisaría de La Victoria. A pesar de no contar con los documentos requeridos, logró evitar recibir una sola multa en ese momento. Sin embargo, Raúl Romaní carecía de permiso para las lunas polarizadas y tampoco disponía del certificado de revisión técnica de su camioneta, que había obtenido solo unas horas antes.
El coronel no proporcionó la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad, la autorización para las lunas oscuras, la revisión técnica ni su documento nacional de identidad. Ante la negativa de entregar sus documentos, trató de justificar sus infracciones y amenazó al suboficial Oblitas, instándolo a presentarse en su oficina para discutir el asunto.
Un video grabado durante la operación capturó el momento en que el policía de tránsito fue amenazado por el coronel, quien lo acusó de coaccionarlo durante la intervención. “Usted me ha amenazado, me está coaccionando en una intervención”, se le escucha decir al agente policial.
Fue sancionado por cumplir su deber
La respuesta del coronel tuvo un impacto inmediato en el suboficial de primera Alex Oblitas. Tras la intervención, fue degradado a un rango inferior y despojado de su vehículo policial, siendo asignado a realizar patrullaje a pie.
Esta transformación, de agente de tránsito motorizado a efectivo a pie, fue vista como una afrenta por parte de su equipo legal.
La defensa de Oblitas tiene previsto presentar un recurso ante Tránsito y Seguridad Vial para solicitar su reinstalación en el cargo que ocupaba previamente. Consideran que la sanción impuesta es desproporcionada y no se ajusta a la gravedad de la situación.
Irregularidades por ambas partes
El exministro del Interior, Cluber Aliaga, expresó su punto de vista sobre un incidente que, según él, requiere una seria reflexión. Aliaga mencionó fallos tanto por parte del interventor como del intervenido en este caso.
Según Aliaga, cualquier autoridad policial, sea subalterno u oficial, tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes. Esto implica actuar con autoridad moral y ética, respetando las normas que ellos mismos están encargados de hacer cumplir. Sin embargo, señaló que en este caso específico no se observó dicho comportamiento.
Además, criticó la intervención realizada al coronel de servicios, argumentando que no fue apropiada para una infracción de tráfico. En su opinión, la conducta correcta habría sido solicitar la identificación del individuo de manera respetuosa, siguiendo un protocolo establecido.
Otro aspecto resaltado por Aliaga es la falta de respeto por parte del oficial hacia el coronel. Insistió en que, incluso en el contexto de una infracción, se debe mantener un trato respetuoso, evitando comentarios innecesarios o irrespetuosos.
También mencionó una presunta actitud vengativa por parte del coronel hacia el suboficial, quien, según él, solo estaba cumpliendo con su deber al intervenir en la situación. En su opinión, este incidente ha dañado la imagen de la institución policial.
El exministro enfatizó la importancia de una investigación exhaustiva por parte de Inspectoría para determinar las responsabilidades de ambas partes. Sugirió que el suboficial debería enfrentar consecuencias disciplinarias por su mala intervención, mientras que el coronel también debería ser sancionado por sus infracciones de tráfico y por no respetar los procedimientos éticos policiales.
Más de mil policías pasarán a retiro
Al menos 1.500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) podrían pasar a situación de retiro solo en el año 2024, una cifra récord si se considera que en años anteriores esta situación se producía en cantidades menores: 1.030 en 2023 y 990 en 2022.
Lo que puede generar preocupación no solo al interior de la institución, sino también a la ciudadanía es que las estimaciones realizadas por el propio general PNP Víctor Zanabria solo se refiere a pases a situación de retiro por motivos disciplinarios, es decir, por cometer una falta grave con la máxima sanción administrativa.
Entre las faltas consideradas como “muy graves” al interior de la Policía Nacional, según su reglamento, se encuentran:
- Excederse en más de 5 días calendario en el uso de vacaciones.
- Organizar, dirigir, promover, participar o incitar a huelga, paro, marcha u otras acciones de protesta de índole policial, o intervenir en forma directa en actividades políticas o sindicales.
- Ingresar o facilitar el ingreso de artículos prohibidos en un establecimiento penitenciario.
- Practicar actos de tortura a las personas que se encuentren bajo su custodia.
- Tener relaciones sexuales durante el servicio o en instalaciones o vehículos policiales.
- Pertenecer a un partido político, agrupación o movimiento que desarrolle actividades políticas.
