Con semblante sereno y apariencia de lo que es, un jubilado, Pompeyo se ha sentado a sus 75 años en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo. La Policía dio con él tras seguir la pista de hasta seis cartas con explosivos enviadas a sendas instituciones, entre ellas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en noviembre de 2022.
Pompeyo ha escuchado desde el banquillo las declaraciones de los primeros testigos que han desfilado ante el tribunal -él será interrogado al final del juicio-. La comparecencia más extensa ha sido la del responsable de la investigación de la Policía Nacional, quien ha expuesto las pruebas que llevaron a los agentes hasta la casa del acusado en Miranda de Ebro (Burgos).
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A preguntas de la fiscal, ha descrito lo que encontraron en la vivienda antes de detener al jubilado. “El domicilio parecía prácticamente un taller”, ha subrayado, ya que el acusado poseía “máquinas para trabajar el hierro”. Además, los agentes hallaron “una sustancia marrón que coincidía con la hallada en los artefactos”. Pese a los evidentes indicios, el septuagenario, al verse frente a los agentes, negó toda vinculación con las cartas bomba. “Nos dijo: os habéis confundido, a mí me gusta la marquetería”.
256 cerillas raspadas
El instructor de la investigación también ha destacado una de las pruebas que acorralan a Pompeyo: el hallazgo entre sus restos de basura de 256 cerillas cuyas cabezas estaban “raspadas”, supuestamente para extraer el fósforo que formaba parte de los explosivos ocultos en las seis cartas bomba.
La abogada de Pompeyo ha señalado entonces que el informe de los Tedax, los especialistas en desactivación de artefactos de la Policía, se indica que “las cabezas de cerillas no son consideradas un explosivo”. La intervención de la letrada ha sido reprendida por el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara: “Eso, para el informe”.
Uno de los agentes ha destacado que el acusado “era muy maniático”. Por ejemplo, comprobaron en las labores de vigilancia que siempre salía de su casa a las 9:45 horas y volvía a las 12:00 horas. Sin embargo, los policías detectaron en los días previos al arresto “cosas raras”, entre ellas desplazamientos poco habituales, por lo que no descartan que se percatase de la presencia policial.
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Pompeyo está acusado de enviar seis cartas explosivas en 2022 al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania y a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) por la postura de España respecto a la invasión rusa en Ucrania.
A sus 75 años, es un funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria que también había trabajado como enterrador en el cementerio. La Fiscalía pide para él 22 años de cárcel por un delito de terrorismo y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular, eleva su petición a 24 años.
