Los presidentes de las regiones francesas de ultramar de Reunión, Guadalupe, Martinca y Guayana han pedido la “retirada inmediata” de la reforma electoral que ha provocado graves disturbios en Nueva Caledonia que se han saldado por el momento con seis muertes y el despliegue de un contingente militar adicional.
“Solo una respuesta política puede poner fin al incremento de la violencia y evitar una guerra civil. Nosotros, representantes electos de ultramar, pedimos solemnemente al Gobierno la retirada inmediata de la propuesta de reforma constitucional que pretende modificar el electorado para las elecciones de Nueva Caledonia-Kanaky como condición previa para la reanudación de un diálogo pacífico”, han indicado los responsables políticos de ultramar en un mensaje conjunto recogido por la televisión La Primera de Ultramar.
Mientras, continúa la operación de las fuerzas de seguridad y el primer ministro francés, Gérald Darmanin, ha calificado de “éxito” la maniobra para recuperar la carretera entre la capital, Nouméa, y el aeropuerto.
“Gracias a los 700 efectivos adicionales de seguridad que han llegado y a los 350 que llegan hoy, incluidos militares del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) y policías de la sección de Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión (RAID) en las próximas horas se van a incrementar las operaciones”, ha explicado Darmanin en un mensaje publicado en la red social X.
El mandatario galo ha resaltado que se han eliminado 76 barricadas y restan “muchas más barricadas” pro levantar “para imponer el orden republicano”. “Se ha transmitido firmeza en las instrucciones”, ha advertido.
Darmanin ha explicado que se han realizado más de 200 detenciones y se ha facilitado la reapertura de 20 negocios alimentarios. “Un gran agradecimiento a nuestras fuerzas del orden, que son el orgullo de nuestro país”, ha remachado.
Las protestas estallaron a principios de esta semana a propósito de una reforma aprobada ante el Parlamento francés que declara el derecho a voto para ciudadanos franceses que lleven al menos diez años residiendo en Nueva Caledonia, una decisión que buena parte de los indígenas canacos, independentistas en particular, temen como un recorte a sus derechos.
