La exministra del Deporte Astrid Bibiana Rodríguez sería la responsable de que Panam Sports retirara a Barranquilla los derechos de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, además de la pérdida de más de dos millones de dólares que puso la Alcaldía para cumplir el plan de pagos.
La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de Rodríguez, lo que indica que la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro deberá enfrentar un juicio disciplinario por las decisiones que tomó respecto al contrato para ser la sede de las XX justas panamericanas.
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Rodríguez habría decidido incumplir la obligaciones adquiridas con Panam Sports Organization, encargada de la organización de los Juegos, lo que produjo no solamente el rompimiento unilateral del contrato por la sede y a su vez la pérdida de los recursos que ya había aportado la Alcaldía de Barranquilla.
“Como parte de la actuación disciplinaria, el ente de control observó que la exministra posiblemente quebrantó los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al resolver el 27 de diciembre de 2023 no suscribir el contrato y no honrar el compromiso asumido de hacer efectivo el monto pactado de acuerdo con el plan de pagos establecido el 30 de diciembre”, señaló la Procuraduría.
En la formulación de cargos también se vinculó al secretario general Luis David Garzón Chaves, quien se desempeñaba como ordenador del gasto. Para la Sala Disciplinaria, tanto la entonces ministra como subordinado podrían tener responsabilidad en los daños causados.
“Habrían permito el incremento en el patrimonio de la empresa en detrimento de la ciudad en 2 millones 250 mil dólares que había pagado la Alcaldía como parte de lo establecido y que se perdieron por el impago del Ministerio”, señaló el ente acusador.
Garzón Chaves, de acuerdo con la Procuraduría, presuntamente cambió la forma de pago acordada en el contrato a través de un acto administrativo, lo que habría vulnerado el principio de eficacia, así como la imagen, seriedad y credibilidad del Estado colombiano al tratarse de un acuerdo internacional.
“Los servidores actuaron consciente y libremente, de forma voluntaria y con conocimiento, pese a las advertencias de los efectos negativos que tendría incumplir el contrato ciudad, situación que al parecer fue omitida y que produjo las consecuencias referidas, por lo que calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios como falta gravísima cometida a título de dolo”, aseguró el Ministerio Público.
Los incumplimientos que llevaron a la Pérdida de los Juegos
El 12 de marzo de 2024, Panam Sports anunció que Lima (Perú) será la sede para albergar los Juegos Panamericanos de 2027, eliminando cualquier posibilidad de revivir el roto contrato con Barranquilla, a pesar de los esfuerzos tardíos del Gobierno por lograr un nuevo acuerdo.
El proceso comenzó con un hito histórico el 30 de abril de 2021, cuando la Asamblea General de Panam Sports, en una decisión unánime, asignó a Barranquilla la sede de los XX Juegos Panamericanos de 2027. Se consideró un reconocimiento al esfuerzo de los deportistas e instituciones colombianas, según los organizadores.
Sin embargo, el 31 de mayo de 2021 se firmó el contrato de asignación entre el Estado Colombiano, el Departamento del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y el Comité Olímpico Colombiano. Este documento establecía una serie de obligaciones que, según Panam Sports, fueron “gravemente incumplidas”.
Panam Sports envió su primera carta de advertencia el 21 de enero de 2022, en el Gobierno de Iván Duque, solicitando a Colombia cumplir con las cláusulas no satisfechas del contrato, sin recibir respuesta. Posteriormente, el 13 de septiembre de 2022, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, el organismo envió una segunda carta reiterando sus demandas, sin obtener respuesta.
El 20 de octubre de 2022, Panam Sports emitió un tercer comunicado insistiendo en el cumplimiento del contrato, nuevamente sin respuesta del Gobierno colombiano. La situación se deterioró aún más el 30 de agosto de 2023, cuando el organismo estableció un plazo de 60 días, hasta el 29 de octubre de 2023, para que Colombia cumpliera con el contrato en su totalidad. En esta ocasión, se mencionó por primera vez la posibilidad de aplicar la sección 76 del contrato, que autoriza a Panam Sports a retirar la sede si el incumplimiento persistía.
El último esfuerzo para salvar la sede tuvo lugar el 19 de octubre de 2023, durante una reunión entre la ministra de Deporte Astrid Rodríguez, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, el presidente del Comité Olímpico Colombiano Ciro Solano y el presidente de Panam Sports, Never Ilic.
En esta reunión, se acordaron nuevos plazos para el pago del dinero adeudado: el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024. A pesar de esta concesión, Colombia no cumplió con el pago de la primera cuota de 4 millones de dólares, activando la clausula del retiro inmediato de la sede a Barranquilla.
El Comité Ejecutivo de Panam Sports decidió formalmente retirar la sede el 2 de enero de 2024, después de que no se cumpliera con el primer pago reprogramado en el nuevo acuerdo. Esta decisión afectó seriamente la reputación del deporte colombiano en la esfera internacional.
