Tras la captura de varios disidentes de las Farc que se movilizaban en camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por carreteras del departamento de Antioquia, ocurrido el pasado 23 de julio, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra los directivos de la entidad, así como una inspección disciplinaria a la entidad.
El ente de control señaló que sus hallazgos en la UNP buscan identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, manuales y de Protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.
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La directora nacional de Investigaciones Especiales del órgano de control Lucila Mercedes Vidal Luque aseguró que en los primeros hallazgos a la entidad de protección se recopilaron contratos con agentes terciarios, en la que analizarán si estos tendrían vinculación con las camionetas retenidas por el Ejército Nacional en territorio antioqueño, donde se movilizaban algunos integrantes del Estado Mayor Central de las Farc (EMC).
“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la Directora Nacional al recalcar que “si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”, manifestó la funcionaria.
A su vez, Vidal Luque advirtió que, de encontrar responsabilidad alguna en este caso, “podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”, y no descartó nuevas inspecciones a otras entidades, como la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello, Antioquia.