Diez congresistas, entre ellos Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero y Andrés Guerra, enfrentan una audiencia crucial que inició a las 9:00 a. m. del miércoles 19 de junio, en el Consejo de Estado, a raíz de una petición del abogado Carlos Mario Patiño para decretar la pérdida de investidura de estos legisladores, quienes fueron demandados por realizar donaciones destinadas a completar los proyectos de infraestructura 4G en Antioquia, mejor conocidas como “la vaca” por el departamento.
La solicitud de Patiño se basa en su argumento de que los congresistas perfeccionaron un contrato de donación con la Gobernación de Antioquia, lo cual, según él, contravendría las normas legales vigentes.
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“El contrato de donación se perfecciona cuando el dinero sale del patrimonio del congresista y entra al departamento (…) que se haya incorporado o no el recurso donado no significa que no se perfeccionó el contrato de donación”, sostuvo Patiño en su intervención ante el alto tribunal.
Sin embargo, los congresistas acusados encontraron el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, después de que el delegado del ente disciplinario, Jaime Díaz, pidiera que el Consejo de Estado no acceda a la solicitud de Patiño.
Díaz argumentó que, tras examinar las pruebas, no se encontró evidencia de la conducta indicada por el demandante. Además, resaltó que la Gobernación de Antioquia había comunicado que los aportes podían ser devueltos a solicitud de los donantes y que no se comprobó la existencia de un contrato de donación como afirma Patiño.
La petición del delegado despertó el malestar del demandante, quien sugirió que la postura del Ministerio Público podría atribuirse a una devolución de favores, pues varios de los congresistas señalados tendría relación con la procuradora Margarita Cabello.
“La Procuraduría General de la Nación en favor de los Congresistas. Evidentemente el delegado de la doctora Cabello no podría actuar en contra de los intereses de los congresistas que, entre otras cosas, eligieron a la procuradora”, señaló Carlos Patiño.
La interpretación legal del abogado es que, independientemente de la devolución del dinero, los legisladores deben perder su investidura. En su alegato, mencionó específicamente a Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernán Cadavid y John Jairo Berrio, quienes han afirmado que les devolvieron los fondos; así como a Julián Peinado, Esteban Quintero y Andrés Guerra, cuyos aportes no fueron aceptados por la Gobernación.
La controversia sobre las donaciones ha provocado un acalorado debate en el contexto político y jurídico. Los abogados defensores de los congresistas han reiterado la posición de la Procuraduría ante los magistrados, argumentando que en ningún caso se configuró la formalización de un contrato de donación con la Gobernación.
Han enfatizado que algunos congresistas ni siquiera realizaron la donación, además de contradecir la versión del demandante, quien afirma que dichos aportes a la ‘vaca’ por Antioquia se hicieron con un propósito de proselitismo y no de altruismo, especialmente por su postura contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Y es que las donaciones de los congresistas y de cientos de antioqueños se dieron debido a las trabas impuestas por el Gobierno para la entrega de recursos necesarios para finalizar los proyectos de infraestructura en Antioquia, como los tramos del túnel del Toyo.
Bajo el argumento de la importancia de estas obras para la región y el país en general, que tiene hoy a los congresistas en una situación delicada, los abogados intentan convencer a los magistrados, ya que la donación tenía como objetivo evitar el estancamiento de proyectos clave de la infraestructura vial.
De momento, la diligencia continúa con los alegados de los diez congresistas, mientras que el Consejo de Estado analiza el material probatorio proporcionado para el proceso. Además, la defensa asegura que funcionarios de la rama legislativa también poseen derechos para donar a causas colectivas, sin que eso signifique que se otorgarán beneficios adicionales a los de cualquier ciudadano colombiano.
